Detenida en Tenerife una fugitiva británica condenada por estafar 300.000 libras a una anciana
La británica Pamela Gwinnett, condenada a seis años de prisión por estafar 300.000 libras a una anciana a su cargo, ha sido detenida en Los Cristianos, Tenerife, tras permanecer huida de la justicia de su país.
La detención de Pamela Gwinnett en Los Cristianos (Arona) pone fin a una huida que ha evidenciado las grietas en la cooperación policial transfronteriza y la vulnerabilidad de las personas mayores ante el abuso de confianza. Tal y como recogen diversas informaciones publicadas recientemente en medios británicos, la mujer, de 63 años, ha sido localizada en un complejo residencial del sur de Tenerife, donde permanecía en situación de busca y captura tras haber eludido su condena en el Reino Unido.
El arresto en territorio español es el desenlace de un proceso judicial iniciado en Preston, donde Gwinnett fue sentenciada el pasado octubre a seis años de cárcel por delitos de fraude y apropiación indebida. La justicia británica determinó que la ahora detenida se aprovechó de su posición como cuidadora de Joan Green, una anciana de 89 años, para hacerse con el control de su patrimonio. Según los hechos probados, Gwinnett desvió aproximadamente 300.000 libras esterlinas, fondos que fueron destinados a gastos personales, incluyendo la adquisición de un vehículo de alta gama, el abono de hipotecas propias y diversos desembolsos en ocio y estética.
El caso, que ha despertado una notable atención mediática, revela un modus operandi basado en el aislamiento sistemático de la víctima. Durante el periodo de la pandemia, la condenada restringió el acceso a la vivienda de Green mediante la instalación de cierres de seguridad y la manipulación de las comunicaciones telefónicas, impidiendo que los familiares pudieran supervisar el bienestar de la anciana, quien falleció en 2022 sin conocer el fallo judicial.
La gestión de este expediente ha generado una fuerte controversia en el Reino Unido. La familia de la fallecida ha interpuesto una queja formal contra la Policía de Lancashire, al considerar que la desatención inicial de las denuncias —que fueron tratadas en un primer momento como un conflicto civil— permitió que la acusada pudiera evadir la acción de la justicia. Fue necesaria la intervención de las autoridades de Mánchester para que el caso fuera abordado desde una perspectiva penal, lo que finalmente permitió la apertura de diligencias.
Actualmente, Gwinnett se encuentra a disposición de las autoridades judiciales españolas a la espera de que se formalice su extradición. Además de la pena privativa de libertad, el tribunal británico dictó una orden de confiscación por valor de 350.180 libras, estableciendo un plazo de tres meses para el reintegro de los fondos bajo el apercibimiento de incrementar la condena en tres años y medio adicionales. Mientras tanto, el departamento de asuntos internos de la policía británica mantiene abierta una investigación sobre la actuación de los agentes que desestimaron las primeras alertas sobre los movimientos financieros irregulares.