La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para cuatro acusados por un fraude societario de 774.000 euros en Tenerife

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha formalizado su escrito de acusación contra cuatro personas por un presunto fraude societario de gran calado, una causa que pone de relieve los riesgos de la gestión opaca en el sector del transporte. Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso este medio, el Ministerio Público sostiene que los investigados orquestaron una maniobra de vaciamiento patrimonial para desviar la actividad y los activos de una empresa de transporte de viajeros hacia una entidad paralela, dejando a la firma original en una situación de insolvencia frente a sus acreedores.

El núcleo de la acusación se centra en la presunta comisión de delitos continuados de administración desleal y apropiación indebida. Por estos hechos, la Fiscalía solicita penas de hasta cuatro años de prisión para cada uno de los implicados, además de la inhabilitación para el ejercicio de cargos administrativos y el pago de multas. Asimismo, el Ministerio Público cifra en al menos 774.000 euros la indemnización que los acusados deberían abonar al socio perjudicado, una cuantía que podría ajustarse durante la fase de ejecución de sentencia.

El origen del conflicto se remonta a la adquisición de la compañía de transportes, una operación valorada en cerca de 2,9 millones de euros. Para financiar la compra, se suscribió un préstamo bancario de 1,4 millones, respaldado por garantías personales e hipotecarias aportadas por el socio afectado y sus allegados, mientras que el principal acusado, según el escrito, evitó comprometer su propio patrimonio. Con el paso del tiempo, la empresa comenzó a acumular pasivos significativos con la Seguridad Social y entidades financieras, momento en el que, según la tesis fiscal, los acusados habrían iniciado el trasvase de activos hacia una segunda sociedad controlada por su entorno.

La operativa descrita por la Fiscalía detalla una compleja red de irregularidades. Se habrían simulado compraventas de 88 vehículos y un local comercial con pagos aplazados que nunca llegaron a materializarse. Paralelamente, la nueva entidad habría absorbido la cartera de clientes de la empresa original, mientras se implementaba una contabilidad paralela caracterizada por el uso de cuentas personales, ingresos en efectivo y el desvío de fondos a través de cheques, incluyendo pagos a cuentas de menores de edad.

El análisis de los movimientos financieros revela que, de los 1,72 millones de euros en transacciones de vehículos, solo una parte —945.802 euros— se destinó a cubrir deudas financieras, quedando el resto fuera del alcance de los acreedores. Además, se han detectado transferencias injustificadas por valor de más de 418.000 euros hacia empresas vinculadas a uno de los acusados, junto con extracciones directas de efectivo.

Este caso ilustra una modalidad de fraude societario que, en el ámbito mercantil español, suele complicar la recuperación de activos debido a la confusión de cuentas y la interposición de sociedades pantalla. La dificultad para rastrear el flujo real de caja, reconocida por la propia Fiscalía al admitir que no ha podido cuantificar la totalidad del beneficio obtenido mediante la explotación desviada de la actividad, subraya la complejidad de este tipo de procedimientos judiciales, donde la transparencia contable y el deber de lealtad de los administradores son los pilares fundamentales que, en este supuesto, habrían sido vulnerados.