Juicio por los vertidos en el Polígono de Güímar: cuatro alcaldes se sentarán en el banquillo en 2027
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife juzgará en febrero de 2027 a cuatro alcaldes y exalcaldes por presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación relacionados con vertidos contaminantes en el Polígono Industrial del Valle de Güímar.
La gestión de las infraestructuras hidráulicas en Canarias vuelve a situarse en el foco de la justicia. Tal y como ha trascendido recientemente, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha fijado para el 8 de febrero de 2027 el inicio de la vista oral que dirimirá las responsabilidades penales por los vertidos contaminantes registrados en el Polígono Industrial del Valle de Güímar. Este proceso judicial, que pone bajo la lupa la actuación de los responsables municipales en la gestión de aguas residuales, representa un caso paradigmático sobre la posible dejación de funciones en la preservación del ecosistema marino.
El banquillo estará ocupado por cuatro figuras políticas: María Concepción Brito Núñez y José Gumersindo García Trujillo, actual y exalcalde de Candelaria, respectivamente; José Juan Lemes Expósito, exalcalde de Arafo; y Carmen Luisa Castro Dorta, alcaldesa de Güímar. La instrucción, liderada en su fase inicial por el magistrado Francisco Tuero González en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Güímar, sostiene la existencia de indicios sobre delitos continuados contra el medio ambiente y prevaricación. La tesis de la acusación se centra en la supuesta inacción de los regidores ante un sistema de saneamiento deficiente que, durante años, habría permitido el vertido de aguas industriales y urbanas al mar sin el tratamiento ni las licencias preceptivas.
El origen de este procedimiento se remonta a junio de 2017, cuando los entonces concejales Agustín Espinosa, Lourdes Galindo y Francis Hernández formalizaron una denuncia que destapó las carencias en las estaciones de bombeo y en el emisario submarino. A lo largo de la fase instructora, el juez instructor subrayó la responsabilidad de los ayuntamientos, titulares del polígono desde julio de 2013, calificando de pasiva la actitud de los mandatarios locales respecto al mantenimiento de la red de evacuación.
El calendario judicial diseñado para febrero de 2027 refleja la complejidad técnica del caso. La primera semana estará dedicada a la práctica de pruebas testificales, con la comparecencia de agentes de la Guardia Civil, efectivos de Medio Ambiente y policías locales. Posteriormente, el tribunal abordará la carga pericial, que se extenderá hasta el día 18, contando con especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, además de expertos en cartografía bionómica y análisis de vertidos.
La programación reserva el 16 de febrero para el interrogatorio de los cuatro acusados, mientras que el 18 de febrero se destinará a la presentación de los informes finales y conclusiones. La resolución de este juicio no solo determinará la culpabilidad de los encausados, sino que también servirá para clarificar los límites de la responsabilidad política en la supervisión de servicios públicos esenciales cuyo impacto, de probarse los hechos, habría afectado directamente a la integridad del litoral tinerfeño.