Piden siete años de cárcel para un interno por traficar con droga en la prisión de Tenerife II
La Fiscalía solicita siete años de prisión para un exrecluso de Tenerife II por intentar traficar con cocaína y cannabis dentro del centro penitenciario.
La seguridad en el interior de los centros penitenciarios vuelve a situarse en el foco judicial tras conocerse los detalles de un caso que será juzgado próximamente en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Tal y como recoge la información difundida sobre el escrito de acusación del Ministerio Público, el procedimiento se centra en la incautación de sustancias estupefacientes dentro del recinto de Tenerife II, un episodio que pone de relieve los desafíos constantes que enfrentan las instituciones para controlar el tráfico de drogas en entornos cerrados.
El Ministerio Fiscal ha formalizado una petición de siete años de privación de libertad para un individuo que, en el momento de los hechos, se encontraba cumpliendo condena en dicho centro. La acusación sostiene que el interno almacenaba en su celda 3,13 gramos de cocaína en modalidad de crack, caracterizada por una alta concentración del 93%, además de 8 gramos de resina de cannabis. Según la tesis de la Fiscalía, el objetivo del procesado era la comercialización de estas sustancias entre el resto de la población reclusa, una actividad con la que habría pretendido alcanzar un lucro estimado en 473 euros.
Desde una perspectiva jurídica, la calificación del Ministerio Público se enmarca en un delito contra la salud pública, específicamente en el tipo agravado por tratarse de sustancias que generan un daño severo al organismo. El escrito subraya la ausencia de atenuantes o agravantes que modifiquen la responsabilidad penal del encausado.
El juicio, señalado para el 15 de junio, contará con una fase probatoria en la que comparecerán diversos funcionarios de prisiones, incluyendo al subdirector de Seguridad del centro, así como los especialistas encargados del análisis técnico de los estupefacientes intervenidos. Cabe destacar que el acusado, quien ya ha extinguido su anterior condena, afrontará esta vista oral en situación de libertad provisional. La resolución de este caso servirá para evaluar la aplicación de las penas por tráfico de drogas en el ámbito penitenciario, un entorno donde la introducción de sustancias ilícitas no solo contraviene el régimen interno, sino que altera la convivencia y los programas de reinserción social.