Absuelto el exalcalde de Buenavista del Norte tras 19 años de proceso judicial
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto al exalcalde de Buenavista del Norte, Aurelio Abreu, y al exsecretario municipal de los delitos de prevaricación y malversación tras casi dos décadas de proceso judicial.
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado una sentencia absolutoria que pone fin a un largo proceso judicial iniciado en 2005, tal y como ha trascendido recientemente. El fallo exime de responsabilidad penal al exalcalde de Buenavista del Norte, Aurelio Abreu (PSOE), y al antiguo secretario municipal, Francisco B., quienes se enfrentaban a acusaciones por prevaricación y malversación de caudales públicos en el marco de la fallida edificación de un centro destinado a personas con discapacidad.
El núcleo de la controversia residía en la gestión de una partida presupuestaria de 270.000 euros, de los cuales 160.000 provenían de una ayuda otorgada por el Ejecutivo autonómico. La fiscalía puso el foco en la adjudicación directa de la dirección facultativa de la obra, valorada en 90.000 euros, una cifra que excedía con creces el umbral legal de 12.000 euros permitido para los contratos menores en aquel momento. Pese a que el tribunal reconoce la existencia de una anomalía administrativa en la tramitación del expediente, los magistrados concluyen que dicha irregularidad no posee la entidad suficiente para ser tipificada como delito. En su razonamiento, la Sala subraya la ausencia de pruebas que acrediten un enriquecimiento ilícito por parte de los encausados o una voluntad deliberada de torcer la legalidad con fines espurios.
Este caso, que ha permanecido en los tribunales durante casi dos décadas, pone de relieve la complejidad de la gestión municipal y los riesgos asociados a la tramitación de urgencia. El proyecto, adjudicado en 2006 al estudio del arquitecto Ramiro Cuende —quien posteriormente ocuparía un cargo público en la capital tinerfeña—, nunca llegó a materializarse. Según el testimonio ofrecido durante la vista oral, la documentación técnica se extravió durante un traslado de oficina, permaneciendo inaccesible hasta el año 2012 tras una labor de recuperación informática.
La resolución judicial también refleja el impacto de la lentitud en la administración de justicia. La Fiscalía, que inicialmente solicitó ocho años de inhabilitación para los acusados, se vio obligada a reducir su petición a la mitad, cuatro años, al reconocer la existencia de dilaciones indebidas. La sentencia, al descartar la arbitrariedad en la toma de decisiones y valorar el posible interés social que motivó la celeridad en la contratación, cierra un capítulo judicial que ha condicionado la trayectoria política de los implicados durante los últimos diecinueve años.