El capital extranjero impulsa la inversión inmobiliaria en Canarias y tensiona el acceso a la vivienda
El mercado inmobiliario de Canarias se consolida como uno de los principales focos de inversión extranjera en España, liderado por Santa Cruz de Tenerife y municipios con alta demanda foránea, lo que genera nuevos retos para el acceso a la vivienda en el archipiélago.
El mercado inmobiliario en el archipiélago canario atraviesa una fase de transformación estructural marcada por una creciente dependencia del capital foráneo, una tendencia que, según los datos difundidos recientemente por el portal Idealista, sitúa a las islas como uno de los epicentros de la inversión residencial en España. Este fenómeno no solo refleja la resiliencia del sector frente a las fluctuaciones económicas, sino que también pone de manifiesto una reconfiguración de la demanda que privilegia los enclaves insulares y el arco mediterráneo por encima de otros puntos de la geografía nacional.
La estadística revela una brecha significativa entre las dos provincias canarias: mientras que Santa Cruz de Tenerife registra un 26,5% de interés comprador proveniente del exterior, Las Palmas se sitúa en un 20,3%. En el plano estatal, la provincia tinerfeña logra consolidarse en la cuarta posición, únicamente por detrás de los mercados de Alicante, Baleares y Málaga, lo que confirma que el litoral y las zonas insulares absorben la mayor parte de las operaciones internacionales en el país.
Más allá de las cifras provinciales, el análisis pormenorizado por municipios arroja datos reveladores sobre el perfil del comprador. Tijarafe, en La Palma, encabeza la demanda foránea en la región con un 55,1%, seguido por enclaves de marcado carácter turístico como Pájara (52,6%), Mogán (47,4%) y Antigua (46,5%).
Esta dinámica plantea retos significativos para la planificación urbanística y el acceso a la vivienda en las islas. La alta concentración de búsquedas internacionales en municipios específicos suele tensionar los precios locales, un efecto que ya ha sido objeto de debate en el Parlamento de Canarias ante la necesidad de equilibrar la inversión extranjera con el derecho a la vivienda de los residentes. Históricamente, la apertura del mercado inmobiliario español a inversores de la Unión Europea y terceros países ha sido un motor de liquidez, pero en el contexto actual de escasez de oferta, la presión sobre el parque residencial existente obliga a las administraciones a considerar medidas de regulación que garanticen la sostenibilidad del mercado sin comprometer la competitividad económica del archipiélago.