Un incendio en cuevas guanches de Granadilla de Abona reabre el debate sobre la protección del patrimonio arqueológico
Un incendio provocado por un uso negligente ha dañado un conjunto de cuevas guanches en Granadilla de Abona, evidenciando la falta de medidas de protección y la desidia administrativa en la gestión del patrimonio arqueológico local.
El patrimonio arqueológico de Granadilla de Abona vuelve a estar en el punto de mira tras el reciente incendio que ha afectado a un conjunto de cuevas de origen guanche. Según ha informado el colectivo de arqueología social Imastanen, el suceso ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de estos asentamientos, que albergan vestigios de gran relevancia histórica, como grabados rupestres, cazoletas y canales, además de restos etnográficos vinculados a la etapa posterior a la conquista.
La organización, que tuvo conocimiento de los hechos a través de avisos vecinales, ha trasladado la incidencia al área de Patrimonio del Cabildo de Tenerife. La gravedad del incidente no solo reside en el daño físico directo —que ha calcinado el interior de varias cavidades—, sino en la falta de medidas preventivas que, según denuncian, caracteriza la gestión municipal en esta materia. Aunque las causas exactas están por determinar, los expertos apuntan a un uso negligente del espacio, posiblemente derivado de una barbacoa, como el origen más probable del fuego.
Este episodio es, a juicio de los especialistas, una consecuencia directa de la desidia administrativa. El yacimiento, que carece de un estudio arqueológico exhaustivo, ha sido objeto de ocupaciones irregulares y actividades ilícitas de manera recurrente. La instalación de infraestructuras precarias, la acumulación de residuos y la celebración de eventos en estos entornos protegidos —o susceptibles de serlo— han sido denunciadas por Imastanen en reiteradas ocasiones, sin que los desalojos ejecutados hayan ido acompañados de protocolos de seguridad que impidan la reincidencia.
La situación en Granadilla de Abona ilustra una problemática más amplia en el archipiélago: la brecha entre la protección teórica que otorga la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias y la realidad sobre el terreno. Muchos de estos enclaves permanecen fuera de los catálogos oficiales, lo que dificulta su salvaguarda y facilita su degradación. La preocupación del colectivo se centra ahora en la ausencia de una investigación rigurosa y en la impunidad con la que se están alterando espacios que, más allá de su valor histórico, constituyen una parte fundamental de la identidad insular. La destrucción de estos elementos no solo supone una pérdida material, sino un impacto medioambiental y cultural irreversible que, según advierten los expertos, se está acelerando ante la inacción de las autoridades competentes.