Trabas burocráticas impiden a menores extranjeros tutelados competir en el fútbol canario
La estricta normativa de la FIFA sobre el fichaje de menores extranjeros impide que decenas de jóvenes tutelados en Canarias accedan a competiciones federadas, generando un conflicto jurídico que el Defensor del Pueblo ya investiga para garantizar su derecho a la integración deportiva.
La colisión entre la normativa internacional de la FIFA y el marco jurídico español ha dejado a decenas de menores extranjeros no acompañados en una suerte de limbo deportivo. Tal y como ha documentado recientemente el diario El Día, la aplicación estricta del artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores —diseñado originalmente para prevenir el tráfico de menores en el fútbol profesional— está bloqueando el acceso a las competiciones federadas de jóvenes tutelados por el Gobierno de Canarias que no cuentan con el estatus de refugiado.
Esta barrera administrativa genera una paradoja legal: mientras que la Ley 39/2022 del Deporte y la Convención sobre los Derechos del Niño consagran el acceso universal a la práctica deportiva, la exigencia de presentar una resolución de protección internacional —documento inalcanzable para quienes han migrado por motivos económicos o humanitarios ajenos a la persecución política— impide la expedición de fichas federativas. La Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife (FIFT) justifica esta rigidez como un mecanismo de control necesario para evitar irregularidades en el mercado de fichajes, una cautela que, sin embargo, no se replica en otras disciplinas como el baloncesto.
El impacto humano de esta situación es palpable en clubes como el Florida CF, donde jóvenes como Mustapha Barry han tenido que aguardar más de 700 días para debutar oficialmente, tras un periodo de entrenamiento sin posibilidad de competir que ha afectado gravemente su proceso de integración. La frustración es compartida por otros menores, como E.H. y A.B., cuyas solicitudes de inscripción han sido rechazadas en repetidas ocasiones, o A.S., quien acumula más de dos años de espera desde su llegada a las islas. La falta de una solución institucional ha provocado que muchos otros jóvenes abandonen la práctica deportiva ante la imposibilidad de participar en igualdad de condiciones.
Ante este escenario, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha iniciado actuaciones de oficio tras las denuncias de la Diputada del Común, Dolores Padrón, sobre la ruptura de los procesos de inclusión social. Por su parte, el Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Actividad Física y Deportes, ha manifestado su intención de hacer prevalecer la legislación nacional sobre las directrices federativas, argumentando que existen cauces legales para garantizar el derecho al juego de los menores bajo tutela pública.
A la traba federativa se suma una dificultad logística adicional: la exclusión de facto de estos jóvenes de las bonificaciones al transporte aéreo para residentes. Al no poseer la documentación legal completa, muchos deportistas deben asumir costes de desplazamiento que superan los 150 euros por trayecto, una cifra inasumible para los clubes de base. Proyectos como el Campus Sansofé intentan mitigar este aislamiento organizando encuentros amistosos, una alternativa que, si bien favorece la cohesión social y el aprendizaje del idioma, no sustituye la necesidad de una normalización administrativa que permita a estos menores competir en igualdad de condiciones, tal y como ya ha logrado, tras un complejo proceso, el joven maliense Mamadou Dambele.