Denuncian fallos en la atención a la dependencia en Icod de los Vinos tras el fallecimiento de una paciente con ELA
El fallecimiento de una paciente con ELA en Icod de los Vinos destapa graves carencias en la gestión municipal de la dependencia, marcada por la falta de información, la rigidez administrativa y la ineficacia de los servicios sociales ante enfermedades de evolución acelerada.
La gestión de la dependencia en el ámbito municipal vuelve a situarse en el centro del debate tras conocerse el caso de una vecina de Icod de los Vinos afectada por ELA, cuya familia denuncia una desconexión crítica entre las necesidades asistenciales y la respuesta de la administración local. Tal y como recoge el diario El Día, el fallecimiento de la paciente ha puesto de manifiesto las carencias en la comunicación institucional y la rigidez de los protocolos de ayuda social ante enfermedades neurodegenerativas de evolución acelerada.
El núcleo del conflicto reside en la falta de información efectiva sobre los recursos disponibles. Mientras el equipo de gobierno local (AI-PSOE) sostiene que las subvenciones específicas para esta patología no fueron solicitadas durante el ejercicio 2025, la familia de la fallecida asegura haber permanecido en el desconocimiento absoluto de tales mecanismos. Esta brecha informativa se suma a la ineficacia de las medidas paliativas: el Servicio de Ayuda a Domicilio apenas pudo prestarse durante siete días antes de que el agravamiento del estado de salud de la paciente obligara a su ingreso hospitalario definitivo.
Desde una perspectiva técnica, el caso ilustra las limitaciones de los ayuntamientos para abordar situaciones de emergencia habitacional. La vivienda de la afectada presentaba barreras arquitectónicas insalvables, según concluyeron los propios técnicos municipales tras una inspección in situ que descartó la instalación de rampas debido a la orografía del terreno. Esta situación de vulnerabilidad fue advertida por los servicios de emergencias, quienes alertaron de que, ante una crisis, el acceso de los equipos de rescate requeriría la intervención de los bomberos, una previsión que terminó cumpliéndose.
El trasfondo político del asunto revela un desencuentro institucional. A finales de 2024, una propuesta de Coalición Canaria para crear ayudas específicas fue rechazada por los servicios jurídicos municipales al considerar que el Consistorio carece de competencias en la materia, optándose en su lugar por ayudas de emergencia social. No obstante, las reuniones mantenidas a principios de 2025 entre la familia y el alcalde, Javier Sierra, junto a los responsables de Seguridad y Acción Social, no lograron materializar compromisos como la mejora del alumbrado público o la adecuación de un acceso alternativo a través de una parcela colindante.
Este episodio subraya la fragilidad del sistema de atención a la dependencia cuando los tiempos administrativos chocan con la celeridad de enfermedades degenerativas. La familia ha denunciado una ausencia total de seguimiento, visitas o llamadas por parte de los servicios sociales municipales. La situación alcanzó un punto crítico cuando la valoración oficial del grado de dependencia fue notificada por el Gobierno de Canarias apenas una semana antes del deceso, en un momento en el que la paciente ya se encontraba en fase terminal, evidenciando un desfase temporal que, en la práctica, anuló la utilidad de cualquier prestación pública.