La UE condena a España por aguas residuales; Tenerife, la más señalada
La justicia europea ha sentenciado que España incumple el tratamiento de aguas residuales urbanas, con especial foco en 12 zonas de Tenerife, si bien el Cabildo insular alega que la situación actual ha mejorado gracias a inversiones históricas.
El tratamiento de las aguas residuales es hoy uno de los mayores desafíos para Canarias, tanto a nivel medioambiental como social y de salud. Desde hace años, la Unión Europea (UE) ha advertido a España sobre la mala gestión de estas aguas en varias zonas, sobre todo en las Islas.
Ayer, la justicia europea publicó una sentencia que confirma que España no cumple con sus obligaciones sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas en varias zonas, especialmente en Canarias. De las 29 áreas urbanas señaladas, doce están en Tenerife. La UE ya había avisado en 2021 y, al ver que el problema persistía en 29 localidades (aunque se habían hecho algunos avances), llevó el caso al Tribunal de Justicia de la UE en 2023. La sentencia actual no impone multas económicas, pero si España no soluciona la situación, la Comisión Europea podría sancionarla más adelante.
Tras conocerse la sentencia, que señala directamente a Tenerife, el Cabildo de la isla se ha pronunciado. Aunque tiene competencias en planificación del agua a través del Consejo Insular de Aguas (Ciatf), asegura que “no es ni el responsable ni el causante del problema”. Explican que Tenerife tiene muchas zonas urbanas que crecieron durante décadas sin las infraestructuras necesarias, y que ahí radica el origen de esta situación.
Desde el Cabildo también aclaran que la sentencia se basa en datos de 2020 (hasta el 13 de abril de ese año), por lo que no refleja la situación actual. Afirman que “nunca antes se había invertido tanto en el tratamiento de aguas residuales en la Isla como ahora”. Aseguran que la mayoría de las obras necesarias ya están acabadas, en marcha o tienen fondos garantizados, y que el Cabildo es quien “lidera la solución”.
El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que España incumplió el artículo 3 de la normativa. Esto significa que no garantizó sistemas adecuados para recoger las aguas residuales urbanas en las siguientes zonas: Acorán, Adeje-Arona, Añaza, Candelaria-Casco, Candelaria-Punta Larga, Golf del Sur, Guía de Isora Litoral, La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (que incluye La Laguna, El Rosario y Santa Cruz), Puerto de Santiago-Playa la Arena, San Isidro-Litoral, Sueño Azul y Valle de la Orotava.
Además, se confirmó un incumplimiento del artículo 4 (apartados 1 y 3), ya que no se tomaron las medidas para que las aguas residuales recogidas recibieran un tratamiento secundario (o similar) en esas mismas zonas, así como en otros lugares de España.
Finalmente, el Tribunal señaló que España también infringió el artículo 15 (junto al anexo I, sección D). Esto se debe a que no se controlaron los vertidos de aguas residuales para comprobar si cumplían con los requisitos del anexo I, sección B, según los procedimientos indicados.
Las zonas afectadas por este último incumplimiento son: Acantilado de los Gigantes, Adeje-Arona, Candelaria-Casco, Candelaria-Punta Larga, Golf del Sur, Guía de Isora Litoral, La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles, Puerto de Santiago-Playa la Arena, Sueño Azul y Valle de la Orotava.