Denuncian ante la Comisión Europea dos proyectos urbanísticos en el entorno protegido de Montaña de Guaza

La presión sobre el urbanismo en el sur de Tenerife ha escalado hasta las instituciones europeas. Según la información difundida por diversas organizaciones conservacionistas, se ha formalizado una denuncia ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea para frenar dos promociones inmobiliarias proyectadas en Palm-Mar, en el municipio de Arona: 'The Cliff', impulsada por Los Menceyes Properties, y 'Edificio Gara', de Metrovacesa. El conflicto trasciende el ámbito local al cuestionar la compatibilidad de estas obras con la normativa comunitaria de protección de espacios naturales.

El núcleo de la controversia reside en la ubicación de los terrenos, que se solapan con el Monumento Natural Montaña de Guaza y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Rasca y Guaza, ambos integrados en la Red Natura 2000. Los denunciantes sostienen que las administraciones —Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Arona— han omitido el cumplimiento del artículo 6.3 de la Directiva Hábitats, que obliga a realizar una evaluación de repercusiones rigurosa cuando existe una probabilidad de afección significativa sobre un enclave protegido.

El argumento de los colectivos se sustenta en una serie de informes técnicos y científicos, elaborados entre 2025 y 2026, que advierten sobre daños irreversibles en la biodiversidad. Entre los riesgos identificados destaca la posible desaparición de hábitats de interés comunitario, como el tabaibal-cardonal, y la amenaza directa a especies endémicas. Los expertos señalan la vulnerabilidad de la pimelia tinerfeña costera, un escarabajo con escasa capacidad de dispersión, y la delicada situación del lagarto gigante de Tenerife, cuya población local se encuentra en un declive crítico. Asimismo, se ha documentado la presencia de nidos de pardela cenicienta en el área de actuación.

Desde una perspectiva técnica, los informes refutan la necesidad de las medidas de consolidación del terreno propuestas por las promotoras, como el hormigonado o la instalación de mallas metálicas, al considerar que la ladera presenta una estabilidad geológica suficiente. Los ecologistas defienden que la intervención humana alteraría el régimen hídrico y los valores paisajísticos de la zona, abogando por la renuncia a cualquier obra como la alternativa más coherente con la preservación del entorno.

Este caso pone de relieve una tensión jurídica recurrente en el archipiélago: la prevalencia de la normativa europea sobre las resoluciones judiciales nacionales. Los denunciantes rechazan la interpretación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su sentencia 395/2025, que eximió a los proyectos de una evaluación ambiental específica basándose en normas de conservación de 2008. La postura de los colectivos es clara: ninguna disposición interna puede invalidar la obligatoriedad de evaluar el impacto ambiental cuando los datos científicos alertan de un riesgo real para un espacio protegido. Ante este escenario, las organizaciones exigen la paralización cautelar de las licencias hasta que se garantice el cumplimiento estricto de las directivas de la Unión Europea.