La UE aprueba el primer reglamento común para el bienestar de perros y gatos
La Unión Europea ha aprobado el Reglamento 2026/1818, que establecerá a partir de 2028 un marco común para el bienestar, la trazabilidad y la cría ética de perros y gatos en todo el territorio comunitario.
La Unión Europea ha dado un paso decisivo hacia la armonización de las políticas de protección animal, tal y como ha trascendido recientemente sobre la aprobación del primer reglamento comunitario que regulará de manera uniforme el bienestar de perros y gatos. Esta iniciativa, materializada en el Reglamento 2026/1818, supone un cambio de paradigma al establecer un marco normativo común para los Veintisiete, cuya implementación gradual comenzará a partir del 31 de agosto de 2028.
El núcleo de esta reforma reside en la creación de un sistema de trazabilidad transfronterizo. Si bien España ya cuenta con una legislación interna que exige la identificación mediante microchip, la nueva directriz comunitaria elevará este estándar a escala continental, obligando a que los registros nacionales se integren en una base de datos única. Este mecanismo no solo pretende facilitar el rastreo de los animales, sino que también servirá como herramienta de control frente a la importación de mascotas procedentes de terceros países, endureciendo los requisitos de entrada para frenar el tráfico ilícito y el comercio irregular.
Más allá de la gestión administrativa, la normativa incide directamente en la ética de la cría. Se introduce una prohibición explícita para la reproducción de ejemplares que presenten rasgos físicos extremos, una medida orientada a mitigar las patologías hereditarias derivadas de la selección genética artificial. Asimismo, el entorno digital se verá sometido a una mayor fiscalización: las plataformas de compraventa deberán implementar protocolos de verificación de identidad, vinculando cada oferta a un código oficial que garantice la transparencia sobre el origen del animal.
Este despliegue normativo responde a la necesidad de combatir las redes de explotación animal que operan a nivel europeo, un fenómeno que ha presionado a las instituciones para dotar a los Estados miembros de un régimen sancionador más robusto y proporcional. Al unificar criterios sobre el mantenimiento, la venta y la cría, Bruselas busca no solo reducir las tasas de abandono, sino también garantizar que el bienestar de las mascotas deje de ser una cuestión sujeta a las disparidades legislativas entre países, consolidando un estándar de protección común en todo el territorio de la Unión.