Exigen responsabilidades políticas por el deterioro ambiental de la Cueva del Viento en Icod de los Vinos
La Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales ha iniciado una ofensiva institucional para exigir responsabilidades ante la degradación continuada de la Cueva del Viento por vertidos de aguas residuales y la falta de infraestructuras de saneamiento.
La parálisis administrativa que durante tres décadas ha lastrado la conservación de la Cueva del Viento, en Icod de los Vinos, ha alcanzado un punto de inflexión. Según ha dado a conocer la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales (AECCM), la entidad ha iniciado una ofensiva institucional para esclarecer las responsabilidades políticas y técnicas que han permitido que este tubo volcánico —el quinto más extenso del planeta— sufra un deterioro continuado por vertidos de aguas residuales.
El núcleo del conflicto reside en la falta de una infraestructura de saneamiento adecuada en los núcleos de población próximos, como Los Piquetes y Camino Marengo. La ausencia de conexión a una red de alcantarillado ha provocado que los residuos domésticos se filtren en el subsuelo, comprometiendo la integridad de un ecosistema subterráneo de valor científico internacional y protegido bajo la figura de Zona Especial de Conservación (ZEC) en la Red Natura 2000. Esta problemática no es nueva; ya en 1998, el Plan de Ordenación del espacio advertía sobre la vulnerabilidad de la cavidad ante las aguas fecales y la necesidad perentoria de instalar sistemas de depuración, una previsión que, a pesar de estar recogida en el actual Plan de Gestión, sigue sin materializarse.
La AECCM ha formalizado requerimientos de información ante el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Consejo Insular de Aguas y el Ayuntamiento de Icod de los Vinos. El objetivo es auditar la gestión realizada desde 2014 y obtener explicaciones sobre la inacción de las administraciones competentes. Asimismo, la asociación ha solicitado a la Consejería de Cultura y a la empresa pública IDECO detalles sobre los protocolos de protección ambiental que rigen las visitas turísticas, cuestionando si la explotación comercial del enclave es compatible con su preservación.
Juan Rumeu, presidente de la organización, ha señalado que la ineficacia en la resolución de este problema es un síntoma de una gestión política deficiente que ha ignorado las advertencias recurrentes de colectivos como el Grupo de Espeleología de Tenerife Benisahare. La AECCM subraya que la responsabilidad no prescribe con los cambios de legislatura y ha advertido que, tras el análisis de la documentación solicitada, no descarta trasladar el expediente a la Fiscalía si se detectan indicios de negligencia o incumplimiento de las obligaciones legales.
La exigencia de la consultora trasciende la mera denuncia: reclama un cronograma de ejecución, un diagnóstico técnico actualizado y una planificación financiera que ponga fin a la degradación de este patrimonio natural. La intervención de la AECCM, que ya cuenta con antecedentes de litigiosidad en defensa del medio ambiente, como el caso de Playa Jardín en Puerto de la Cruz, marca un cambio de estrategia hacia la fiscalización directa de las instituciones que, durante años, han compartido competencias sin lograr articular una solución integral para el mayor tubo volcánico de Europa.