La Junta Electoral ordena al alcalde de Santa Cruz retirar un comunicado por vulnerar la neutralidad institucional
La Junta Electoral Provincial ha ordenado al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, retirar un comunicado institucional por vulnerar la neutralidad política al utilizar recursos públicos para confrontar con la oposición.
La neutralidad institucional durante los procesos electorales vuelve a situarse en el foco del debate político tras la reciente resolución de la Junta Electoral Provincial. Según ha trascendido, el organismo ha dado la razón parcialmente al PSOE en su reclamación contra el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, al considerar que el uso de los canales oficiales del Ayuntamiento para confrontar con la oposición contraviene la normativa vigente.
El dictamen, que obliga al regidor a eliminar de los soportes municipales un comunicado centrado en la polémica sobre la tasa de basuras, subraya la transgresión del artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Dicho precepto prohíbe taxativamente que los poderes públicos realicen campañas que contengan elementos valorativos o que busquen captar el sufragio, una línea que, a juicio de la Junta, fue sobrepasada al utilizar el altavoz institucional para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz municipal socialista, Patricia Hernández.
Más allá de la orden de retirada inmediata del texto, la resolución pone de manifiesto la fina línea que separa la gestión informativa de la propaganda partidista. La Junta Electoral ha determinado que el escrito, al atribuir responsabilidades políticas sobre el incremento de tributos y cuestionar la labor de los grupos opositores, abandonó el deber de imparcialidad que se exige a cualquier administración pública en periodo de comicios. Aunque el órgano supervisor ha optado por no abrir un expediente sancionador contra Bermúdez, el fallo sienta un precedente sobre el uso de los recursos públicos para la confrontación ideológica, recordando que las instituciones deben abstenerse de participar en el debate electoral mediante la emisión de juicios de valor o ataques directos a otras formaciones políticas.