La Junta Electoral archiva la denuncia de Coalición Canaria contra el PSOE por la tasa de residuos en Santa Cruz
La Junta Electoral de Zona de Santa Cruz de Tenerife ha archivado la denuncia de Coalición Canaria contra el PSOE al no apreciar irregularidades en su campaña sobre la tasa de residuos municipal.
La resolución de la Junta Electoral de Zona de Santa Cruz de Tenerife, tal y como ha trascendido en las últimas horas, supone un nuevo revés para las pretensiones de Coalición Canaria en su estrategia de confrontación con el PSOE local. El órgano arbitral ha optado por el archivo definitivo de las actuaciones iniciadas por la formación nacionalista, al no apreciar indicios de irregularidad en la campaña desplegada por los socialistas en torno a la tasa de residuos de la capital tinerfeña.
El conflicto, que se remonta a la denuncia interpuesta por el partido de José Manuel Bermúdez el pasado 3 de octubre, cuestionaba la legitimidad de las acciones comunicativas lideradas por Patricia Hernández. Coalición Canaria sostenía que el PSOE había incurrido en una vulneración de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) al utilizar una rueda de prensa en dependencias municipales para capitalizar políticamente la anulación judicial de la ordenanza fiscal. Asimismo, los denunciantes señalaban la puesta en marcha de una plataforma digital de captación de datos y la difusión de mensajes en redes sociales como actos de propaganda electoral extemporánea, además de tildar de calumniosas las declaraciones de la líder socialista sobre la gestión de los fondos públicos por parte del alcalde.
Frente a estas acusaciones, la defensa del PSOE, presentada el 10 de octubre, se centró en desarticular la cronología de los hechos y en subrayar la falta de legitimidad de la denuncia, argumentando que Hernández no ostenta la condición de candidata en el actual proceso electoral. La Junta Electoral ha validado implícitamente esta postura al desestimar la solicitud de retirada de contenidos y al descartar cualquier tipo de apercibimiento o apertura de expediente sancionador contra los socialistas.
Este episodio se enmarca en la habitual tensión política que precede a las citas con las urnas, donde el uso de los cauces administrativos para dirimir disputas sobre la neutralidad institucional se convierte en una herramienta recurrente. La decisión del organismo electoral pone fin, por el momento, a este litigio, al considerar que las actuaciones denunciadas no contravienen la normativa vigente, cerrando así la puerta a las pretensiones de Coalición Canaria de forzar una intervención sancionadora contra la oposición municipal.