El Rosario invierte 278.290 € en socorrismo y accesibilidad para sus playas.
El Ayuntamiento de El Rosario ha adjudicado por 278.290 euros un servicio de socorrismo y salvamento para las playas de Tabaiba, Radazul y La Nea, reforzando la seguridad con fondos propios y prestaciones adaptadas, a pesar de no ser legalmente exigible.
El Ayuntamiento de El Rosario ha optado por reforzar la seguridad en sus zonas de baño, asumiendo la financiación de un servicio de socorrismo y salvamento que, por su tamaño poblacional, no le es legalmente exigible. Según ha trascendido, el consistorio ha adjudicado por 278.290 euros, para los próximos dos años, la cobertura de las playas de Tabaiba, Radazul y La Nea a la Plataforma de Actividades Acuáticas y Socorrismo, una entidad con más de una década de experiencia en el archipiélago canario.
La prestación, que se extenderá de lunes a domingo durante la Semana Santa y los meses de verano, especialmente julio y agosto, va más allá de la vigilancia básica. El contrato incluye el apoyo de una moto acuática y una ambulancia, e incorpora mejoras significativas. Entre ellas, se prevé la realización de campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía sobre los riesgos asociados a las actividades acuáticas y la exposición solar. Asimismo, se incrementará la dotación material con la inclusión de camillas de rescate tipo nido para cada vehículo adscrito, un colchón de vacío para la inmovilización de accidentados y dos señales específicas para alertar sobre riesgos puntuales derivados de las condiciones del mar.
Un aspecto destacable de la adjudicación es la inclusión de un servicio adaptado para personas con diversidad funcional. Esta medida busca garantizar la igualdad de acceso y disfrute de los espacios públicos costeros, en consonancia con los principios de no discriminación y accesibilidad universal que rigen la gestión de infraestructuras y servicios públicos.
El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, ha subrayado la relevancia de esta inversión, que el municipio afronta con fondos propios. Gil ha enfatizado que, a pesar de que los municipios con una población inferior a 20.000 habitantes no tienen la obligación legal de prestar este tipo de servicios, la decisión responde a una "responsabilidad" municipal y al objetivo de ofrecer una prestación de calidad. La zona costera del municipio registra una afluencia considerable de bañistas durante los periodos vacacionales y ha experimentado un incremento poblacional moderado en los últimos años, factores que justifican la apuesta por esta cobertura de seguridad.