El Rosario inicia la fase decisiva de estabilización del talud en Tabaiba tras los desprendimientos
El Ayuntamiento de El Rosario ha iniciado la fase técnica de estabilización del talud en Tabaiba Baja mediante hormigón proyectado, tras una inversión de 2,8 millones de euros destinada a reparar los daños causados por la borrasca Therese.
La consolidación del litoral en el municipio tinerfeño de El Rosario ha entrado en una fase técnica decisiva, según ha informado el consistorio local. La intervención, que busca mitigar la inestabilidad geológica detectada tras el desprendimiento de una gran masa rocosa el pasado mes de enero, se centra actualmente en el revestimiento de la pared mediante la técnica de hormigón proyectado.
Esta obra, que se desarrolla en las inmediaciones de la playa del Moro en Tabaiba Baja, responde a una hoja de ruta marcada por la urgencia tras el incidente invernal. El proyecto ha requerido una preparación previa del terreno, que incluyó la retirada de vegetación y el saneamiento de la superficie, además del sellado físico de las cavidades naturales presentes en el talud mediante el uso de mampostería y hormigón.
Desde el punto de vista presupuestario, esta actuación se enmarca en un paquete de inversiones municipales de 2,8 millones de euros, aprobado recientemente para hacer frente a los daños estructurales provocados por la borrasca Therese. Estos fondos no solo cubren la estabilización del acantilado, sino que también financian reparaciones en la escollera de Radazul, el charco de Tabaiba y la vía de Costa Caricia.
La ejecución de estos trabajos conlleva, por razones de seguridad y operatividad logística, limitaciones temporales en el estacionamiento de vehículos en el entorno. La administración local ha subrayado que estas medidas son indispensables para facilitar el movimiento de la maquinaria pesada necesaria para el refuerzo del talud. La intervención pone de manifiesto la vulnerabilidad de las infraestructuras costeras ante fenómenos meteorológicos adversos, un desafío recurrente en la gestión del litoral canario que obliga a los ayuntamientos a realizar inversiones extraordinarias para garantizar la seguridad pública en zonas de alta afluencia.