Crece la tensión vecinal en El Médano por el plan de movilidad y la pérdida de aparcamientos
La reordenación de la movilidad urbana en El Médano genera un fuerte conflicto social y político ante la discrepancia sobre la pérdida de plazas de aparcamiento y las dudas vecinales sobre la seguridad jurídica del proyecto.
La gestión de la movilidad urbana en El Médano se ha convertido en un foco de fricción política y social, tal y como ha trascendido tras la reciente sesión extraordinaria del consejo de barrio celebrada en Granadilla de Abona. El encuentro, que congregó a cerca de 150 residentes, puso de manifiesto la desconexión entre la planificación técnica del equipo de gobierno local y las preocupaciones de los ciudadanos respecto a la reordenación del espacio público.
El proyecto, que integra un carril bici, una zona de bajas emisiones y la peatonalización del casco histórico, se encuentra condicionado por la financiación europea. Según expusieron los responsables municipales —la concejala Adaisy Arias (Vox) y el edil de Obras Públicas, Marcos Antonio Rodríguez (PP)—, el cumplimiento de los plazos de ejecución es una exigencia ineludible para evitar la pérdida de los fondos comunitarios, dado que el plan cuenta con el respaldo unánime del pleno.
No obstante, la ejecución de estas obras ha generado una notable controversia sobre el impacto real en la capacidad de estacionamiento. Mientras que el Consistorio cifra en 56 las plazas eliminadas, los residentes, tras realizar sus propias mediciones, elevan esta cifra a más de 200 a lo largo del trazado. Ante este escenario, el Ayuntamiento ha propuesto medidas paliativas, como la habilitación de aparcamientos modulares, la creación de plazas en El Cabezo y el uso provisional de un solar destinado a un futuro centro de mayores. Asimismo, el gobierno local mantiene negociaciones con el Cabildo de Tenerife para habilitar estacionamientos disuasorios en la entrada del núcleo, una solución que, según advirtió la vicepresidenta de la asociación de empresarios local, Mariela Casanova, se percibe con escepticismo al tratarse de promesas recurrentes que aún no se han concretado.
El conflicto ha trascendido la esfera de la movilidad para adentrarse en el terreno jurídico. Diversos vecinos han cuestionado la seguridad legal de la infraestructura, señalando que el carril bici se proyecta sin una ordenanza municipal que regule su uso, un vacío que el Ayuntamiento intenta subsanar ahora mediante una consulta pública. Esta situación ha llevado a parte de la ciudadanía a plantear la posibilidad de emprender acciones administrativas para solicitar una revisión de oficio del proyecto.
Este escenario de incertidumbre se ve agravado por la falta de adjudicación de las fases que deben conectar el trazado con Montaña Pelada. La persistencia del gobierno municipal en avanzar con el diseño actual, frente a la oposición vecinal, sugiere que la controversia sobre el modelo de movilidad en este enclave costero de Granadilla de Abona se mantendrá abierta a corto plazo.