Piden 6 años a patrón de cayuco en El Hierro: pruebas digitales, a debate.

Piden 6 años a patrón de cayuco en El Hierro: pruebas digitales, a debate.

Recurso: El Día

La Fiscalía pide seis años de prisión para un ocupante de un cayuco llegado a El Hierro en abril de 2024, acusado de favorecer la inmigración ilegal con pruebas digitales cuya validez es cuestionada por la defensa.

La Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión para uno de los ocupantes de un cayuco que arribó a El Hierro el 28 de abril de 2024, acusándolo de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal. La base de esta imputación, tal y como ha trascendido, reside en el contenido de un teléfono móvil y un dispositivo GPS hallados en la embarcación, cuya validez probatoria es ahora objeto de debate judicial.

La acusación sostiene que el material digital, analizado por la Ucrif de la Policía Nacional cinco meses después de la llegada de la patera, revela indicios de que el procesado actuaba como patrón. Entre las pruebas se incluyen fotografías del acusado a bordo del cayuco, portando un chaleco salvavidas del que sobresalía un GPS. Asimismo, el dispositivo contendría conversaciones que detallan acuerdos económicos por la expedición, la distribución de los pagos entre familiares y referencias a la guía de una embarcación similar en una ocasión anterior. Para el Ministerio Público, estos elementos constituyen pruebas suficientes para calificar al imputado como un "patrón profesional".

Sin embargo, la defensa, ejercida por la abogada Victoria Díaz, ha solicitado la libre absolución, cuestionando la integridad de la prueba. Díaz ha argumentado ante el tribunal la posible ruptura de la cadena de custodia del teléfono móvil durante los cinco meses transcurridos sin que se realizara su análisis pericial. Además, ha puesto en duda la titularidad del dispositivo, que carecía de clave de acceso, sugiriendo que cualquier persona pudo haber manipulado o almacenado archivos en él, invalidando así su uso como prueba incriminatoria.

La embarcación, que partió de costas africanas con 54 personas a bordo, no permitió a los agentes de la Guardia Civil identificar inicialmente a los responsables de su pilotaje. De hecho, el atestado inicial no mencionaba la existencia de GPS o teléfonos móviles. Fue en una inspección posterior, días después del desembarco, cuando se localizaron ambos aparatos, siendo entregados a la unidad encargada de las diligencias. Este caso ilustra las complejidades inherentes a la identificación de los patrones en las rutas migratorias y la creciente relevancia, y a la vez vulnerabilidad, de la prueba digital en estos procesos judiciales.