Vecinos de El Caletón denuncian abandono institucional y falta de servicios básicos en La Matanza
Los residentes de El Caletón, en La Matanza de Acentejo, denuncian una prolongada desatención institucional y precariedad en los servicios básicos, mientras el Ayuntamiento condiciona las mejoras estructurales a la aprobación del Plan Especial del Paisaje Protegido Costa de Acentejo.
La gestión administrativa de los núcleos costeros en Canarias vuelve a situarse en el centro del debate tras las recientes denuncias de los residentes de El Caletón, en La Matanza de Acentejo. Según adelanta el diario El Día, la comunidad local ha manifestado un profundo malestar ante lo que califican como una desatención institucional prolongada, una situación que pone de relieve la compleja intersección entre la ordenación del territorio, la seguridad vial y la prestación de servicios públicos básicos en zonas de dominio público marítimo-terrestre.
El conflicto se articula en torno a la falta de mantenimiento de los accesos viarios al barrio, una infraestructura que ha sufrido episodios de inestabilidad geológica y derrumbes. Mientras los residentes sostienen que la titularidad privada de los terrenos no constituye un impedimento para la intervención municipal —asegurando que existe disposición por parte de los propietarios—, el equipo de gobierno local, encabezado por el alcalde Ignacio Rodríguez, vincula cualquier actuación de calado a la aprobación definitiva del Plan Especial del Paisaje Protegido Costa de Acentejo. Este instrumento urbanístico, cuya competencia recae en el Cabildo de Tenerife, es el que determinaría la calificación de suelo urbano, condición indispensable, según el Consistorio, para acometer inversiones estructurales.
La precariedad en la prestación de servicios básicos es otro de los ejes de la protesta vecinal. La frecuencia semanal en la recogida de residuos y la ausencia de sistemas de reciclaje obligan a los habitantes a gestionar sus propios desechos, una carga que se intensifica durante el periodo estival debido al incremento de visitantes en las zonas de baño. A esta deficiencia se suma la preocupación por la seguridad tras el paso de la borrasca Therese, que dejó infraestructuras eléctricas dañadas y postes en estado de inclinación, una situación que ha requerido la intervención de los servicios de emergencia ante el riesgo de incendios y accidentes.
Desde el área de Urbanismo, el concejal Miguel Ángel Pérez Pío ha defendido la gestión municipal, señalando que el Ayuntamiento ha ejecutado mejoras en los paseos y ha implementado medidas de contención en los taludes costeros. No obstante, la percepción de los vecinos es de una desigualdad manifiesta respecto a otras zonas del municipio. La comunidad, que se organiza de manera autónoma para realizar tareas de mantenimiento y limpieza ante la falta de personal municipal, denuncia que el peso del cuidado del entorno recae sobre ellos, a pesar de cumplir con sus obligaciones tributarias.
Este caso ilustra la tensión recurrente en el archipiélago entre la protección ambiental de la costa y la consolidación de asentamientos residenciales preexistentes. La incertidumbre sobre el futuro de estas edificaciones, algunas de las cuales se encuentran bajo propuestas de demolición por parte de la Dirección de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, mantiene a los residentes en un limbo administrativo donde la exigencia de servicios básicos se percibe como una batalla constante frente a una administración local que, por su parte, alega limitaciones legales derivadas de la falta de planeamiento urbanístico consolidado.