Drago Canarias cuestiona el modelo urbanístico de Los Realejos ante la crisis habitacional
Un informe de Drago Canarias cuestiona la estrategia urbanística de Los Realejos, advirtiendo sobre la inviabilidad de sus proyecciones de crecimiento y proponiendo la movilización de las 1.448 viviendas desocupadas del municipio frente a la expansión extensiva.
La crisis habitacional en el norte de Tenerife ha adquirido una nueva dimensión tras la publicación de un informe técnico elaborado por Drago Canarias en Los Realejos, documento que pone en tela de juicio la actual estrategia urbanística del municipio. El análisis, que disecciona la relación entre el Plan General de Ordenación (PGO) y la realidad demográfica local, advierte sobre la desconexión entre las proyecciones de crecimiento poblacional y la capacidad real de las infraestructuras para absorber tal incremento.
El núcleo de la propuesta de la formación política reside en la movilización del parque inmobiliario existente. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) citados en el estudio, el municipio cuenta con 1.448 inmuebles desocupados. Para el portavoz de la organización, Javier Álvarez, la prioridad debe ser la reactivación de estos activos mediante políticas públicas, en lugar de apostar por un modelo de expansión que, a su juicio, compromete la sostenibilidad territorial y la viabilidad económica para los residentes locales.
El informe subraya una contradicción estructural en la planificación municipal: el PGO vigente contempla la urbanización de más de 777.000 metros cuadrados de suelo residencial. Esta superficie, equivalente a 109 campos de fútbol, permitiría teóricamente albergar a 76.606 personas, una cifra que duplicaría con creces el censo actual, que ronda los 37.000 habitantes. Esta proyección de crecimiento, que añadiría casi 40.000 nuevos residentes, es calificada por el estudio como un factor de riesgo para la prestación de servicios públicos y la estabilidad de las infraestructuras básicas.
Más allá de las proyecciones a largo plazo, el documento señala deficiencias en la gestión administrativa actual. Como ejemplo, destaca la situación de ocho Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la calle Tindaya, terminadas en 2005 y que, casi dos décadas después, permanecen sin adjudicar. Esta parálisis administrativa sirve de base para que la formación cuestione la capacidad del Ayuntamiento y del Gobierno de Canarias para cumplir con los mandatos legales actuales, como la reserva del 30 % de VPO en nuevas promociones.
Este debate se enmarca en una problemática más amplia que afecta a todo el archipiélago, donde la presión turística y la escasez de oferta residencial han tensionado los precios. La postura de Drago Canarias se alinea con las voces que, desde diversos sectores, reclaman un cambio de paradigma: pasar de la construcción extensiva a la optimización del patrimonio edificado, evitando así la degradación del paisaje urbano y la saturación de los recursos públicos en una comarca que ya muestra signos de agotamiento por la presión urbanística acumulada.