Juicio en Tenerife: las pruebas de ADN cercan a un taxista acusado de agresión sexual en Adeje
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife juzga a un taxista de Adeje por una presunta agresión sexual a una turista alemana, basándose el caso en la contundente evidencia de ADN que contradice la versión del acusado.
El juicio celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha puesto de relieve la complejidad de las pruebas periciales en los delitos contra la libertad sexual, un ámbito donde la evidencia científica suele resultar determinante frente a las versiones contradictorias de las partes. Tal y como recoge la información publicada por El Día, el proceso se centra en la acusación contra un taxista de Adeje, señalado por una presunta agresión sexual cometida en la madrugada del 30 de septiembre de 2022 contra una ciudadana alemana.
La clave del litigio reside en la confrontación entre el testimonio del procesado y los hallazgos biológicos. El acusado ha negado los hechos, atribuyendo la presencia de su perfil genético en el cuerpo de la denunciante a una supuesta transferencia accidental durante el trayecto. Sin embargo, esta tesis fue descartada por los peritos del Instituto de Medicina Legal, quienes subrayaron que la probabilidad de que el material hallado en la vagina y el cérvix de la víctima pertenezca a otra persona es prácticamente nula, cifrando la coincidencia en una probabilidad 81 millones de veces superior a la de un perfil aleatorio. Además, los expertos enfatizaron que la localización de los restos biológicos es incompatible con un contacto casual, requiriendo una interacción íntima.
Durante la vista, el encausado ofreció una versión de los hechos que fue cuestionada por las acusaciones. El conductor admitió haber permitido que la joven ocupara el asiento del copiloto, justificándolo por la locuacidad de la clienta, a pesar de las barreras idiomáticas existentes. Asimismo, el relato del acusado sobre una parada técnica para adquirir productos en un establecimiento 24 horas difiere sustancialmente de la cronología expuesta por la víctima, quien sitúa ese momento previo a un desvío hacia un descampado donde, según la acusación, se produjo el ataque.
El impacto psicológico del suceso ha sido puesto de manifiesto por el entorno familiar de la joven. Su padre, quien testificó durante el juicio, lamentó haber sido él mismo quien recomendó a su hija utilizar el servicio de taxi como medida de seguridad, una decisión que, según su testimonio, ha derivado en un profundo deterioro de la salud mental y la estabilidad laboral de la mujer.
Desde una perspectiva jurídica, el caso se dirime bajo una fuerte disparidad de criterios. Mientras que el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitan una condena de diez años de prisión y una compensación económica de 25.000 euros, la defensa ha mantenido su petición de libre absolución, apoyándose en peritos de parte que sugirieron una hipotética contaminación cruzada de las muestras, una teoría que no logró desvirtuar la contundencia de los informes forenses oficiales. La resolución de este caso subraya la importancia de la prueba pericial de ADN en el sistema judicial español, donde la evidencia científica actúa como el pilar fundamental para esclarecer la veracidad de los hechos en delitos de esta naturaleza.