Polémica en el Teide por la posible privatización de funciones en la vigilancia ambiental
Diversos colectivos y sindicatos han impugnado el Anteproyecto de Ley de Biodiversidad de Canarias ante el temor de que la integración de guardas rurales en el Parque Nacional del Teide suponga una usurpación de las funciones públicas de vigilancia y custodia ambiental.
La controversia sobre la gestión de la seguridad en el Parque Nacional del Teide ha escalado tras las recientes alegaciones presentadas por el PSOE de Tenerife, la Asociación de Agentes Forestales y de Medio Ambiente de Canarias (Afmacan) y el sindicato Sepca. Según ha trascendido en los últimos días, estos colectivos han impugnado diversos puntos del Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias, centrando sus críticas en el artículo 117.2 y la disposición adicional undécima, al considerar que podrían desdibujar las fronteras entre la seguridad privada y las funciones públicas de custodia ambiental.
Ante este escenario, la Hermandad Española de Guardas Rurales, presidida por Víctor Villalobos, ha salido al paso para desmentir que su integración en los dispositivos de vigilancia del Teide suponga una usurpación de las potestades que la ley reserva exclusivamente a los funcionarios. La organización sostiene que su papel debe entenderse como un refuerzo operativo y no como una sustitución de los agentes de Medio Ambiente, quienes ostentan por ley la responsabilidad de la protección del patrimonio natural, la prevención de incendios y la inspección ambiental en el archipiélago.
El núcleo del conflicto jurídico reside en la interpretación de la Ley de Seguridad Privada. Mientras que los sindicatos y el grupo socialista advierten sobre el riesgo de que personal privado asuma tareas con efectos administrativos o sancionadores —cuestionando incluso la aplicabilidad de dicha ley en espacios naturales protegidos—, la Hermandad defiende que su habilitación ministerial les faculta para realizar labores de vigilancia en fincas rústicas y espacios delimitados. Bajo esta premisa, el colectivo insiste en que su intervención se limitaría a la comunicación de incidencias y al apoyo logístico, siempre bajo la coordinación de la Administración competente.
Este debate se produce en un momento crítico, coincidiendo con la puesta en marcha del nuevo modelo de vigilancia diseñado por el Cabildo de Tenerife. La corporación insular ha planteado un esquema en el que los agentes de Medio Ambiente liderarían un operativo multidisciplinar, apoyados por guardas rurales, educadores ambientales e informadores, además de mantener la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Canaria.
La resolución de este conflicto dependerá, en última instancia, de la redacción final que adquiera la futura Ley de Biodiversidad y de los protocolos de actuación que se establezcan para el personal auxiliar. Por ahora, la tensión persiste entre quienes defienden la necesidad de un refuerzo privado para cubrir la extensión del parque y quienes exigen que la potestad sancionadora y la custodia del territorio permanezcan estrictamente en manos de los funcionarios públicos, evitando cualquier solapamiento de competencias que pueda comprometer la seguridad jurídica en la gestión del espacio protegido.