Hallan pertenencias del joven fallecido en el «mamotreto» de Añaza y cuestionan la seguridad del edificio
El hallazgo de una mochila del joven fallecido en el «mamotreto» de Añaza reabre la polémica sobre la ineficacia de las medidas de seguridad y la urgencia de su demolición.
La seguridad del conocido como «mamotreto» de Añaza vuelve a estar en el centro del debate público tras un suceso que ha reabierto las heridas de la familia de Matías, el joven de 27 años fallecido en el inmueble el pasado 18 de julio. Tal y como recoge Diario de Avisos, la aparición de una mochila con documentación personal del fallecido en la planta más alta del edificio, hallada por un ciudadano extranjero este martes 18 de agosto, ha puesto en entredicho la eficacia de las medidas de cerramiento implementadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Este hallazgo ha generado una profunda contradicción operativa. La familia ha denunciado que, tras el deceso, las autoridades les trasladaron la imposibilidad de acceder al interior de la estructura para recuperar sus pertenencias debido a los riesgos que entrañaba el estado de la edificación. Resulta, a juicio de los allegados, una paradoja que el acceso sea restringido para las fuerzas de seguridad por motivos de integridad física, mientras que el inmueble sigue siendo permeable para terceros. La mochila, entregada posteriormente a la Policía Nacional y puesta a disposición judicial, evidencia que el edificio continúa siendo un punto de acceso no controlado, a pesar de los anuncios municipales realizados a finales de julio sobre el refuerzo de los cierres perimetrales.
La madre del joven, Xiomara, ha instado a las administraciones —Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias— a convocar una reunión de carácter urgente. El propósito de esta solicitud es doble: por un lado, obtener una evaluación técnica real sobre la suficiencia de las medidas actuales y, por otro, conocer el estado administrativo del proceso de demolición, una actuación largamente demandada para eliminar definitivamente el riesgo que supone esta construcción inacabada. La familia subraya que su intención no es la confrontación política, sino la prevención de nuevos accidentes en un entorno que, a todas luces, sigue sin estar debidamente blindado.
Este episodio subraya la complejidad de la gestión de las ruinas urbanas en Canarias, donde la responsabilidad patrimonial y la seguridad ciudadana colisionan mientras se resuelven los complejos expedientes de derribo. La petición de la familia trasciende el caso particular de Matías, convirtiéndose en un llamamiento a la responsabilidad institucional para garantizar que el edificio no sea escenario de nuevas tragedias. Mientras se agilizan los trámites para la desaparición definitiva del inmueble, la exigencia de los familiares es clara: la prioridad inmediata debe ser la clausura efectiva de todos los puntos de entrada, incluidos los accesos costeros, para evitar que la estructura siga siendo un foco de peligro constante.