La DGT advierte: no completar el cambio de titularidad en la compraventa de vehículos conlleva multas e inmovilización
La DGT recuerda que es obligatorio formalizar el cambio de titularidad de un vehículo en un plazo máximo de 30 días tras su compraventa para evitar sanciones, inmovilizaciones y responsabilidades administrativas indebidas.
La seguridad jurídica en el mercado de ocasión español depende, en gran medida, de la diligencia con la que se formalizan las transmisiones patrimoniales. Tal y como ha recordado recientemente la Dirección General de Tráfico (DGT), el proceso de compraventa entre particulares no concluye con la entrega de llaves y la firma del contrato, sino que exige una actualización inmediata en el Registro de Vehículos para evitar una cadena de responsabilidades administrativas y tributarias que pueden afectar a ambas partes.
El marco normativo establece una ventana temporal de 30 días naturales desde la rúbrica del acuerdo para formalizar la transferencia. Superar este periodo sin haber completado la gestión ante las jefaturas provinciales no solo supone una infracción sancionada con 200 euros, sino que faculta a las autoridades para proceder a la inmovilización del automóvil. Esta medida coercitiva busca garantizar que el censo de vehículos sea fiel a la realidad, evitando que el antiguo titular siga siendo el sujeto pasivo de sanciones de tráfico, notificaciones ejecutivas o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), cuya responsabilidad recae sobre quien figure como propietario a fecha de devengo.
Más allá de la obligatoriedad del trámite, que conlleva una tasa administrativa de 55,70 euros para turismos y 27,85 euros para ciclomotores, los expertos en movilidad subrayan la importancia de la prevención previa a la adquisición. La consulta del informe de antecedentes del vehículo se erige como una herramienta fundamental para detectar posibles embargos, precintos o cargas financieras que podrían frustrar la transferencia o comprometer la propiedad del bien.
La persistencia de estas irregularidades administrativas suele derivar en conflictos legales complejos, donde la falta de actualización del registro impide una correcta notificación de las infracciones. Por ello, la administración insiste en que la transparencia en el historial del vehículo y la celeridad en la comunicación del cambio de titularidad son los únicos mecanismos efectivos para blindar la operación frente a contingencias futuras, garantizando que el nuevo propietario asuma plenamente la responsabilidad legal sobre el vehículo adquirido.