La cibercriminalidad en España alcanza las 488.426 denuncias y crece un 5,1% en el último año
La cibercriminalidad en España alcanzó las 488.426 denuncias en 2025, consolidándose como un desafío creciente donde el fraude informático representa el 90% de los delitos registrados.
La ciberdelincuencia se ha consolidado como uno de los desafíos más complejos para el sistema de seguridad pública en España, representando ya casi una quinta parte de toda la actividad criminal registrada en el país. Según el Informe sobre la Cibercriminalidad 2025, elaborado por la Oficina de Coordinación del Ministerio del Interior, el ecosistema digital se ha convertido en el escenario principal de las infracciones penales, con un volumen nacional que alcanzó las 488.426 denuncias el pasado año, lo que supone un incremento interanual del 5,1%.
En el ámbito regional, Canarias ha experimentado una tendencia al alza, contabilizando 17.393 casos, una cifra que supera en 636 los registros del ejercicio anterior. El desglose provincial muestra una mayor incidencia en Las Palmas, con 9.959 expedientes, frente a los 7.434 reportados en Santa Cruz de Tenerife. A nivel estatal, la concentración de estos delitos sigue un patrón geográfico marcado: Andalucía, Cataluña y Madrid aglutinan prácticamente la mitad de los incidentes totales, situando al Archipiélago en el noveno puesto del ranking autonómico.
El fraude informático continúa siendo la tipología delictiva predominante, abarcando cerca del 90% de los hechos conocidos por las fuerzas de seguridad. Esta modalidad, que creció un 4% respecto a 2024, se ve acompañada por un repunte significativo en las falsificaciones digitales, que aumentaron un 11,3%. Asimismo, el informe alerta sobre el incremento de delitos contra la libertad sexual y las amenazas en la red, mientras que se observa un descenso en las vulneraciones contra la propiedad intelectual y las interferencias en sistemas de datos.
La respuesta policial ha mostrado una mayor eficacia, con un aumento del 11,4% en los casos esclarecidos. Desde 2021, la capacidad de resolución de las autoridades ha crecido un 54,6%, alcanzando los 71.340 asuntos resueltos. No obstante, el Ministerio del Interior reconoce que la naturaleza transnacional de los delitos, el uso de tecnologías de cifrado y el anonimato inherente a la red siguen siendo barreras estructurales que exigen una mayor inversión en capacidades investigativas y una cooperación judicial más estrecha.
El perfil del infractor identificado por los cuerpos policiales es mayoritariamente masculino (70%), de nacionalidad española (75,7%) y con una edad comprendida entre los 26 y 40 años. Por otro lado, el impacto sobre la ciudadanía es creciente, con 383.285 víctimas registradas, un 9,3% más que en el periodo previo. El segmento de población más vulnerable se sitúa entre los 51 y 65 años, siendo las estafas vinculadas a medios de pago —tarjetas de crédito y cheques de viaje— el principal vector de ataque, afectando a más de 146.000 personas.
Finalmente, el documento analiza la seguridad en infraestructuras críticas, donde se ha registrado un descenso del 43,8% en los ciberataques, contabilizándose 90 incidentes. El sector del transporte ha sido el objetivo principal, concentrando más del 42% de estas acciones, seguido por el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. Estos datos subrayan la necesidad de mantener una vigilancia constante sobre los servicios esenciales, en un contexto donde la actividad delictiva en el entorno virtual mantiene una distribución constante a lo largo del calendario, con julio como el mes de mayor actividad.