El CSIF denuncia irregularidades y tratos vejatorios en la formación de la Unipol de Santa Cruz de Tenerife
El sindicato CSIF ha denunciado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por presuntas irregularidades en la selección de la unidad Unipol y por supuestos tratos vejatorios y discriminatorios hacia agentes femeninas durante su formación.
La gestión de los recursos humanos en el cuerpo de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se encuentra bajo escrutinio tras la denuncia formal interpuesta por el sindicato CSIF ante el consistorio capitalino. Según ha trascendido a través de la información publicada por diversos medios locales, la organización sindical ha cuestionado la legalidad de un programa formativo diseñado para la selección y permanencia de los 80 agentes que integran la Unidad de Intervención Policial (Unipol).
El núcleo de la controversia reside en la posible vulneración de los principios que rigen el acceso a la función pública. El representante sindical, Jesús Illada, sostiene que la implementación de este curso contraviene los acuerdos alcanzados previamente en la mesa de negociación, donde se estipuló que el acceso a estos puestos específicos debía regirse por criterios de antigüedad y formación homologada, y no por una prueba de carácter selectivo impuesta de manera unilateral por la administración. Desde una perspectiva jurídica, esta discrepancia plantea interrogantes sobre la seguridad jurídica de los pactos colectivos y el respeto a la normativa vigente en materia de negociación laboral.
Más allá de la disputa administrativa, el sindicato ha trasladado acusaciones de extrema gravedad respecto a la metodología empleada durante la formación. Los testimonios recogidos por el CSIF apuntan a la existencia de dinámicas que, presuntamente, habrían incurrido en tratos vejatorios y discriminatorios. Entre los episodios denunciados, destaca la imposición a agentes femeninas de tareas de limpieza, una práctica que el sindicato califica de carente de cualquier valor pedagógico y que, de confirmarse, supondría una infracción directa de las leyes de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como una posible vulneración de los protocolos de prevención de riesgos psicosociales.
Ante este escenario, la representación sindical ha instado al Ayuntamiento a adoptar medidas inmediatas. La petición formal incluye la anulación del proceso formativo, la suspensión cautelar de sus efectos sobre los agentes participantes y la apertura de una investigación interna que esclarezca si las conductas denunciadas han vulnerado derechos fundamentales. La resolución de este conflicto no solo determinará el futuro de la actual configuración de la Unipol, sino que también servirá como termómetro sobre la aplicación de los estándares de igualdad y respeto en el seno de las fuerzas de seguridad locales.