Aumentan un 31% los hurtos en Las Verónicas y fuerzan un refuerzo policial en Playa de Las Américas

La zona de ocio de Las Verónicas, en Playa de Las Américas, atraviesa una etapa de transformación delictiva que ha obligado a las fuerzas de seguridad a rediseñar sus estrategias de vigilancia. Tal y como recoge el Diario de Avisos, el enclave turístico enfrenta un incremento del 31% en los delitos contra el patrimonio y hurtos durante el primer semestre del año, una cifra que contrasta con el descenso del 13% en las operaciones vinculadas al tráfico de estupefacientes en el municipio de Arona.

Esta mutación en la tipología criminal ha motivado la reciente creación del Grupo de Delitos Violentos por parte de la Policía Nacional, una unidad especializada con base en la comisaría de Playa de Las Américas. El objetivo es atajar una tendencia al alza en los robos con violencia que, según fuentes policiales, se ha consolidado desde el pasado año. La operativa de los delincuentes, descrita como organizada y persistente, se centra en grupos que seleccionan a sus víctimas mediante el hostigamiento previo, aprovechando la vulnerabilidad de los turistas en el entorno nocturno.

La respuesta institucional ha comenzado a materializarse en dispositivos de gran escala, como la macrorredada ejecutada el pasado fin de semana, que pretende servir como advertencia ante la sensación de impunidad que denuncian los empresarios. No obstante, el sector privado, representado por el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), insiste en que las intervenciones puntuales son insuficientes. La patronal reclama una presencia policial constante y, sobre todo, la instalación de sistemas de videovigilancia, una herramienta que consideran vital para disuadir a los infractores y agilizar la resolución de denuncias, especialmente cuando las víctimas abandonan el país poco después de sufrir el incidente.

A pesar de la urgencia manifestada por los comerciantes, el despliegue de cámaras de seguridad sigue supeditado a procesos administrativos que, según el Ayuntamiento de Arona, no culminarán antes de 2027. Esta demora burocrática ha generado un profundo malestar en el tejido empresarial, donde algunos negocios históricos han optado por el traspaso o el cierre definitivo. Los antiguos propietarios señalan que el sobrecoste derivado de la contratación de seguridad privada, sumado a la recurrencia de los altercados, ha vuelto insostenible la actividad comercial en un punto que, tras cuatro décadas de historia, se enfrenta ahora al reto de recuperar la seguridad como pilar fundamental de su oferta turística.