Un juzgado condena al IMAS de Santa Cruz de Tenerife por obstaculizar el acceso a información pública al PSOE
Un juzgado ha condenado al IMAS de Santa Cruz de Tenerife por obstaculizar sistemáticamente el acceso del PSOE a documentación pública sobre la adjudicación del servicio de ayuda a la dependencia.
La transparencia institucional en el ámbito local ha recibido un nuevo varapalo judicial en Santa Cruz de Tenerife. Tal y como ha trascendido recientemente, un juzgado de lo contencioso-administrativo ha fallado a favor del grupo municipal socialista, tras constatar que el Instituto Municipal de Atención Sociosanitaria (IMAS) obstaculizó de manera sistemática el acceso a documentación pública solicitada por la oposición. Este dictamen pone de relieve las tensiones recurrentes entre la administración local y el derecho fundamental de los representantes públicos a ejercer su labor de fiscalización.
El conflicto jurídico se originó en noviembre del pasado año, cuando la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, requirió formalmente el expediente relativo a la adjudicación del servicio de ayuda a la dependencia. La negativa del organismo autónomo, que se prolongó durante ocho meses, fue justificada por el Ayuntamiento bajo el argumento de que la información ya estaba a disposición de la concejal por su condición de miembro del órgano, calificando además los documentos solicitados como borradores internos sin validez oficial. Sin embargo, el fallo judicial desestima estas alegaciones, calificando la demora como un periodo injustificadamente extenso que contraviene los principios básicos de publicidad y transparencia.
La resolución judicial no solo invalida la estrategia dilatoria del consistorio, sino que subraya una "falla" estructural en el cumplimiento de las obligaciones legales de la institución. El tribunal ha sido contundente al señalar que la entrega de la documentación solo se produjo tras la intervención de la vía judicial, lo que invalida cualquier pretensión de cumplimiento voluntario por parte del IMAS. En este sentido, el Ministerio Fiscal respaldó la tesis de la oposición, al considerar que la actitud del organismo autónomo carecía de justificación y evidenciaba una falta de voluntad real para atender el derecho de acceso a la información.
El trasfondo de esta disputa radica en las sospechas de la oposición sobre posibles irregularidades en el proceso de adjudicación, específicamente en relación con las discrepancias detectadas entre los informes técnicos de enero de 2025 y los documentos finales que sirvieron de base para el dictamen del Consejo Rector. La sentencia se apoya en una consolidada jurisprudencia que protege el derecho de los concejales a obtener, sin trabas burocráticas, los datos necesarios para el desempeño de sus funciones. Este caso vuelve a situar en el centro del debate político la necesidad de garantizar mecanismos de control que no dependan de la litigiosidad judicial para asegurar la rendición de cuentas en la gestión de los servicios sociales municipales.