La justicia ordena paralizar las obras en la zona de servidumbre del complejo Cuna del Alma en Adeje
El Juzgado de Instrucción número 1 de Arona ha ordenado la suspensión cautelar de las obras en la franja de servidumbre del complejo turístico Cuna del Alma, en Tenerife, ante posibles irregularidades urbanísticas y medioambientales.
La batalla judicial en torno al complejo turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje, ha experimentado un giro determinante. Tal y como ha avanzado el diario El Día, el Juzgado de Instrucción número 1 de Arona ha decretado la suspensión cautelar de las actuaciones en la franja de servidumbre de protección, una decisión que marca un punto de inflexión en la causa penal que investiga posibles irregularidades urbanísticas y medioambientales en este enclave del sur de Tenerife.
La magistrada Sandra Peraza ha atendido la petición formulada por el Ministerio Fiscal, que cuestionaba la legalidad de las autorizaciones concedidas por el Gobierno de Canarias para ejecutar obras en los 100 metros de dominio público marítimo-terrestre. El auto judicial, notificado este miércoles, ordena el precinto inmediato de 2.394 metros cuadrados de terreno, una superficie donde la promotora, Segunda Casa Adeje SL, proyectaba instalaciones privadas como piscinas, soláriums y zonas ajardinadas. Para garantizar el cumplimiento de esta medida, la jueza ha requerido la intervención de la Guardia Civil, instando a los agentes a documentar gráficamente el estado actual de la parcela afectada.
Este movimiento judicial se enmarca en la reapertura de un procedimiento penal que previamente había sido archivado. La instrucción actual busca esclarecer si en el desarrollo del proyecto —que abarca una extensión total de 430.000 metros cuadrados— se incurrió en delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias o falsedad documental. La Fiscalía sostiene que, en este caso, no concurrían las circunstancias excepcionales que justificarían una intervención constructiva de tal envergadura en una zona sujeta a las restricciones de la Ley de Costas, normativa diseñada específicamente para salvaguardar la integridad del litoral frente a la presión urbanística.
La relevancia de esta resolución radica en el conflicto entre la seguridad jurídica de los permisos administrativos —otorgados en su día por el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento de Adeje— y la protección de un entorno de alto valor arqueológico y natural, colindante con el espacio protegido de la Caleta de Adeje. La paralización, que llega tras meses de intensa movilización social y recursos presentados tanto por el Ministerio Público como por la asociación ecologista Puertito Libre, obliga ahora a detener los trabajos en el área más sensible del proyecto, mientras la magistrada continúa con las diligencias de investigación necesarias para determinar si la concesión de las licencias se ajustó a derecho o si, por el contrario, se vulneró el régimen especial de protección que rige sobre el litoral español.