Aplazado el desalojo de un vecino de 70 años con cáncer en Guaza por su situación de vulnerabilidad
Un juzgado ha paralizado el desalojo de un vecino de 70 años con cáncer en Guaza, Arona, abriendo un proceso para evaluar su vulnerabilidad mientras las instituciones buscan una alternativa habitacional ante la falta de recursos.
La paralización del desalojo de un vecino de Guaza, de 70 años y afectado por un proceso oncológico, pone de relieve las tensiones entre la seguridad jurídica de la propiedad y la protección de los colectivos en situación de exclusión social. Según adelanta el Diario de Avisos, el juzgado ha optado por aplazar la ejecución del lanzamiento tras valorar la documentación aportada por la defensa, que subraya la fragilidad extrema del residente.
La decisión judicial implica la apertura de una pieza separada para evaluar la vulnerabilidad del afectado, un paso procesal que dilata el procedimiento hasta que se determine si concurren las circunstancias necesarias para una protección especial. Este caso presenta una particularidad técnica relevante: el inmueble, aunque catalogado como espacio industrial, ha sido reconocido por la autoridad judicial como domicilio habitual desde hace ocho años, lo que ha obligado a encauzar el litigio bajo los preceptos de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
El escenario actual refleja una carencia estructural en la red de asistencia habitacional. A pesar de que el Ayuntamiento de Arona ha monitorizado el expediente desde la pasada primavera y ha certificado la precariedad sanitaria del paciente —quien depende exclusivamente del Ingreso Mínimo Vital y aguarda una intervención quirúrgica por cáncer de próstata—, el afectado sigue sin disponer de una alternativa residencial.
Desde la perspectiva de los servicios municipales, la vivienda en cuestión carece de los estándares mínimos de salubridad exigibles para una persona con su cuadro clínico. Ante esta tesitura, las administraciones locales y el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife exploran soluciones de emergencia, que oscilan entre el traslado a un recurso para personas convalecientes o el ingreso en un centro sociosanitario. La resolución judicial, dictada apenas 24 horas antes de la fecha prevista para el desalojo, otorga un margen temporal crítico para que las instituciones competentes logren articular una respuesta que garantice la dignidad del paciente antes de que el proceso de ejecución pueda ser reactivado.