La justicia suspende cautelarmente la orden de clausura del Real Casino de Tenerife
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha suspendido cautelarmente la orden de clausura del Real Casino de Tenerife, permitiendo la continuidad de su actividad mientras se resuelve el litigio urbanístico con el Ayuntamiento.
La supervivencia operativa de una de las instituciones más emblemáticas de la capital tinerfeña ha quedado garantizada, al menos de forma transitoria, por la intervención de la justicia. Tal y como ha trascendido a través de la documentación judicial reciente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha ratificado la suspensión cautelar de la orden de clausura que pesaba sobre el Real Casino de Tenerife, una medida dictada originalmente por la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Este auto, con fecha del 7 de septiembre de 2026, actúa como un dique de contención frente a la pretensión municipal de cesar la actividad de la entidad. La magistrada ha ponderado, en su razonamiento jurídico, el peso histórico y el arraigo social de la sociedad recreativa, valorando el perjuicio irreparable que supondría para el empleo y la agenda cultural de la ciudad una ejecución inmediata del cierre. La resolución, no obstante, se limita a preservar el statu quo mientras se dirime el litigio de fondo, sin entrar a valorar todavía la legalidad de las actividades que el Ayuntamiento tilda de clandestinas.
El conflicto, que se ha prolongado durante meses, tiene su origen en una divergencia técnica sobre la adecuación de las instalaciones a la normativa de actividades clasificadas y la suficiencia de los títulos habilitantes para el desarrollo de sus eventos. Aunque en mayo de este año ambas partes intentaron encauzar sus diferencias mediante una mesa de trabajo —donde se discutieron aspectos técnicos como los estudios de impacto acústico y la documentación sectorial—, la falta de un acuerdo definitivo obligó a la institución a buscar el amparo de los tribunales.
Para la actual Junta Directiva, encabezada por Beatriz Barrera Vera, este pronunciamiento judicial supone un alivio ante la inestabilidad que ha marcado las últimas jornadas para la masa social y la plantilla laboral. La dirección ha reiterado su intención de mantener la normalidad en la programación, al tiempo que insiste en la necesidad de preservar el respeto institucional con el Consistorio. Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha mantenido una postura de acatamiento a la vía judicial, dejando en manos de los magistrados la resolución definitiva de un caso que pone a prueba el equilibrio entre la protección del patrimonio histórico-social y el cumplimiento estricto de la normativa urbanística vigente.