La justicia anula el nombramiento de un alto cargo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por falta de motivación

La justicia ha puesto en entredicho la discrecionalidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la gestión de sus altos cargos. Tal y como ha publicado Diario de Avisos, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la capital tinerfeña ha dictado una sentencia que anula el nombramiento de Juan Ramón Lazcano como director general de Transformación Urbana Santa Cruz Verde 2030, una plaza que ocupaba desde agosto de 2024 tras un proceso de libre designación.

El fallo, suscrito por el magistrado Roi López Encinas, no se limita a invalidar la elección de Lazcano, sino que ordena al Consistorio el cese inmediato del actual director y la designación del arquitecto Joaquín Mañoso, quien obtuvo la mejor valoración en el concurso de méritos. La resolución judicial, que impone además las costas procesales a la administración local, subraya que el sistema de libre designación no puede interpretarse como una facultad ilimitada que exima al poder público de motivar sus decisiones con rigor.

El núcleo de la controversia reside en la falta de justificación legal que el magistrado ha detectado en el proceder municipal. Según el texto judicial, el Ayuntamiento desestimó la candidatura de Mañoso basándose en argumentos que el juez califica de imprecisos y vagos. En concreto, la administración local intentó justificar el rechazo al arquitecto aludiendo a un supuesto conflicto de intereses —que el propio tribunal descarta al no encontrar base probatoria— y a una cuestión de edad, bajo el pretexto de buscar un perfil que garantizara la estabilidad del proyecto a largo plazo. Para el magistrado, este último argumento resulta especialmente lesivo para los principios de mérito y capacidad, al penalizar la trayectoria profesional del aspirante mejor cualificado.

Este episodio judicial reabre el debate político sobre la naturaleza de este puesto directivo. Lazcano, exconcejal de Ciudadanos, fue una figura clave en el tablero político local tras su salida del Consistorio en 2020, movimiento que resultó determinante para el éxito de la moción de censura que devolvió la alcaldía a José Manuel Bermúdez. Desde entonces, el PSOE ha mantenido una postura crítica, denunciando que la creación de esta dirección general respondía a un compromiso político entre Coalición Canaria y el Partido Popular para recompensar al exedil.

La sentencia pone de relieve la tensión entre la potestad de los gobiernos locales para elegir a sus cargos de confianza y la obligación de respetar los procedimientos de selección técnica. Aunque el Ayuntamiento dispone de un plazo de quince días para interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el fallo actual constituye un aviso severo sobre la necesidad de que la administración justifique de manera sólida y objetiva cualquier decisión que se aparte de los resultados obtenidos en los procesos de baremación pública.