El polémico proyecto del puerto de Fonsalía reaparece en la estrategia de movilidad de Canarias y reactiva el conflicto ambiental

La reaparición del proyecto portuario de Fonsalía en el borrador de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias (Emsican) ha devuelto a la actualidad un conflicto que parecía clausurado desde 2023. Tal y como ha trascendido recientemente, la inclusión de esta infraestructura en el documento estratégico ha movilizado a diversas organizaciones sociales y al Cabildo de Tenerife, quienes ultiman sus alegaciones antes de que concluya el plazo de exposición pública el próximo 30 de noviembre.

El núcleo de la disputa ha trascendido la mera viabilidad técnica para instalarse en el terreno de la legalidad ambiental. La zona proyectada se solapa con la Franja Marina Teno-Rasca, un espacio de casi 69.500 hectáreas que cuenta con la protección de la Red Natura 2000 desde 2011. La situación se ha complicado tras la reciente actualización del Plan de Gestión de esta Zona Especial de Conservación (ZEC) por parte del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que ha suprimido la exclusión geográfica que antes favorecía al litoral de Fonsalía, catalogando ahora la obra como una amenaza directa para la biodiversidad local.

Voces expertas, como la de Carlos Mallo —galardonado con el Premio Goldman 2025—, subrayan la paradoja que supone proyectar una infraestructura de gran calado en un área que el propio Estado se ha comprometido a preservar. Según los análisis científicos, la tranquilidad de estas aguas, factor determinante para la navegación comercial, es precisamente el atributo que permite que especies de cetáceos y tortugas utilicen el enclave como zona de alimentación y descanso.

El origen de esta infraestructura se remonta a hace tres décadas, cuando se planteó como una solución al colapso operativo del puerto de Los Cristianos. El diseño original, presupuestado en más de 200 millones de euros, contemplaba cinco muelles para ferris y buques comerciales, además de una dársena pesquera y diques secos. Sin embargo, informes de la Universidad de La Laguna han advertido reiteradamente sobre el riesgo de colisiones y la degradación de hábitats que conllevaría el aumento del tráfico marítimo. Esta preocupación social alcanzó su cénit en 2021, cuando una movilización ciudadana logró reunir 400.000 firmas, forzando al Parlamento regional a aprobar una proposición no de ley que instaba a descartar el proyecto.

A pesar de los dictámenes técnicos emitidos por la empresa pública Tragsa en 2022, que desaconsejaban esta ubicación, y de las propuestas del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos de Santa Cruz de Tenerife —que abogan por optimizar las instalaciones de Los Cristianos en lugar de construir una nueva dársena—, la Consejería de Obras Públicas mantiene el proyecto en su hoja de ruta. La propuesta actual sitúa la posible ejecución de la obra en un horizonte temporal de entre 10 y 15 años, reactivando así un debate sobre el modelo de desarrollo insular y la compatibilidad de las infraestructuras de transporte con la preservación de los ecosistemas marinos protegidos.