El Tribunal Constitucional ratifica la condena de 11 años de cárcel por intento de homicidio en La Laguna
El Tribunal Constitucional ha ratificado la condena de 11 años de prisión a un hombre por intentar asesinar a su expareja en un centro de mayores de La Laguna en 2023.
La firmeza de la condena impuesta a un hombre por el intento de homicidio de su expareja en La Laguna ha quedado sellada tras la decisión del Tribunal Constitucional de no admitir a trámite el recurso presentado por la defensa. Tal y como recoge la información publicada recientemente, el alto tribunal ha cerrado la vía judicial al considerar que el caso no presenta la relevancia constitucional necesaria para establecer jurisprudencia, una resolución que afecta a la inmensa mayoría de las peticiones de amparo que llegan a esta instancia.
El suceso, que se remonta a la tarde del 1 de junio de 2023, tuvo como escenario un centro de mayores en la localidad tinerfeña de Guamasa. Según los hechos probados, el agresor irrumpió en el establecimiento y, al observar a la víctima acompañada por otra persona, le infligió una herida de arma blanca en la zona cervical con un utensilio de 15 centímetros. Este episodio de violencia de género ha culminado en una pena privativa de libertad de 11 años, ratificada previamente por el Tribunal Supremo, que desestimó la pretensión de la defensa de calificar los hechos como un delito de lesiones en lugar de un intento de asesinato.
En su intento por revocar la sentencia, el condenado había esgrimido como atenuante su estado de embriaguez en el momento de los hechos, argumentando que su consumo de alcohol mermó su capacidad de control. Asimismo, la representación legal del procesado trató de acreditar su voluntad de reparación del daño mediante el depósito de 6.000 euros en sede judicial, una cifra que forma parte de los 10.580 euros fijados como responsabilidad civil. A pesar de estos argumentos, la justicia ha mantenido la calificación penal original, confirmando que el agresor deberá cumplir la totalidad de la pena impuesta, permaneciendo en prisión desde que ocurrieron los hechos.
Este desenlace judicial subraya la rigurosidad con la que los tribunales españoles abordan los delitos de violencia contra la mujer, donde la concurrencia de factores como el consumo de sustancias no suele ser interpretada como un eximente de la responsabilidad penal cuando existe una intención clara de acabar con la vida de la víctima. La inadmisión del recurso por parte del Tribunal Constitucional pone punto final a un proceso en el que se ha priorizado la protección de la integridad física de la mujer frente a las alegaciones de la defensa sobre la naturaleza del delito y las circunstancias personales del agresor.