Denuncian daños irreversibles en la Reserva Natural de Montaña Roja por la presión humana y falta de vigilancia
Diversas organizaciones ecologistas denuncian que la presión humana y la insuficiente gestión del Cabildo de Tenerife están causando daños irreversibles en la Reserva Natural Especial de Montaña Roja.
La Reserva Natural Especial de Montaña Roja, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona, se encuentra en una encrucijada crítica. Según ha trascendido a través de un informe conjunto de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC) y la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello, la presión antrópica está comprometiendo la integridad ecológica de este enclave, hasta el punto de que ciertos daños en su ecosistema se consideran ya definitivos.
Este espacio, integrado en la Red Natura 2000, constituye un enclave de alto valor geológico y biológico. Su singularidad reside en la presencia de estructuras sedimentarias como los megarizolitos y un sistema dunar que sirve de refugio a una biodiversidad notable: más de un centenar de especies vegetales —de las cuales 72 cuentan con algún grado de protección— y una variada fauna. No obstante, la actividad humana ha alterado el equilibrio natural de la zona, provocando, por ejemplo, el abandono de los lugares de nidificación por parte del chorlitejo patinegro.
El análisis de las organizaciones conservacionistas pone el foco en la gestión administrativa del Cabildo de Tenerife. La crítica se centra en la insuficiencia de los recursos de vigilancia, con una plantilla de apenas seis agentes de medio ambiente para atender la totalidad del sur de la isla, una dotación que consideran inoperante para garantizar el cumplimiento de la normativa en un área tan sensible. Asimismo, los colectivos señalan que las intervenciones de restauración ejecutadas por la administración insular resultan ineficaces a largo plazo, dado que la falta de control permanente permite que senderos clausurados vuelvan a ser transitados, perpetuando la erosión de las laderas.
La problemática se agrava por la expansión urbanística en el entorno inmediato, que ha transformado el uso del suelo hacia una dinámica más propia de un entorno periurbano que de una reserva protegida. Ante este escenario, las entidades han instado a una actualización urgente del Plan Director, vigente desde 2004, y a la implementación de un modelo de gestión que combine el incremento de personal —proponiendo la presencia de vigilantes informadores por turno— con campañas de sensibilización dirigidas a la población local, a quienes identifican como un actor clave para la preservación del patrimonio natural de la zona.