Denuncian el uso irregular del Mirador de los 500 escalones en Tacoronte para eventos privados
La formación ecosocialista Sí se puede denuncia el uso irregular del Mirador de los 500 escalones en Tacoronte para eventos privados, reclamando al Ayuntamiento y al Cabildo medidas urgentes para proteger este enclave del Paisaje Protegido de la Costa de Acentejo.
La gestión de los espacios naturales protegidos en Canarias vuelve a estar bajo el foco tras las recientes advertencias lanzadas por la formación ecosocialista Sí se puede en Tacoronte. Según ha hecho público la organización, el Mirador de los 500 escalones, un enclave integrado en el Paisaje Protegido de la Costa de Acentejo, está siendo objeto de un uso irregular para la organización de eventos privados, una situación que pone en riesgo la integridad ecológica de este entorno.
El portavoz municipal, José Almenara, ha puesto de manifiesto la desconexión existente entre la protección legal que ostenta el paraje y la realidad cotidiana, donde el vallado perimetral no impide la celebración de actos sociales como bodas o fiestas particulares. Esta actividad, según la denuncia, se realiza al margen de cualquier supervisión administrativa, lo que ha derivado en la acumulación de desechos en la ladera y la costa, además de generar molestias por el tráfico rodado en una zona que, por su catalogación, debería contar con restricciones de acceso y uso mucho más estrictas.
El conflicto subraya una problemática recurrente en la gestión del territorio insular: la dificultad de las administraciones locales para vigilar y sancionar el uso indebido de enclaves de alto valor paisajístico. La formación ha documentado, mediante la difusión de grabaciones en plataformas digitales, cómo usuarios particulares acceden al recinto sorteando las barreras físicas instaladas, lo que evidencia una carencia de vigilancia efectiva. Ante este escenario, los ecosocialistas han instado al Ayuntamiento de Tacoronte y al Cabildo Insular a establecer un marco de actuación coordinado.
La propuesta de la formación pasa por implementar medidas de control más rigurosas, que incluyan la imposición de sanciones a quienes vulneren la normativa ambiental, la creación de tasas específicas para el uso de espacios públicos y una vigilancia activa que evite la degradación irreversible del ecosistema. La preocupación de fondo es que la falta de una política de gestión clara termine por comprometer la biodiversidad y la estabilidad de un entorno que, pese a estar señalizado como zona protegida, carece actualmente de los mecanismos de control necesarios para garantizar su preservación frente a la presión de la actividad privada.