Coalición Canaria exige medidas urgentes para proteger el Arco de Tajao ante la afluencia masiva de visitantes
Coalición Canaria exige medidas urgentes y una regulación del acceso al Arco de Tajao en Arico para frenar su deterioro por la afluencia masiva de visitantes.
La preservación del litoral tinerfeño vuelve a situarse en el centro del debate político tras la reciente advertencia lanzada por Coalición Canaria sobre el estado de conservación del Arco de Tajao. Tal y como recoge la formación nacionalista en su última comunicación pública, la estructura geológica situada en el municipio de Arico requiere de una intervención administrativa urgente para frenar el desgaste derivado de la afluencia masiva de visitantes.
El diagnóstico planteado por el portavoz local, Víctor García, pone el foco en la vulnerabilidad de este accidente natural, cuya relevancia patrimonial, a juicio de la organización, exige medidas de control inmediatas. La propuesta de los nacionalistas trasciende la mera denuncia y sugiere una reorientación del modelo de gestión hacia lo que denominan un "turismo amable". Este enfoque busca, fundamentalmente, limitar el tránsito de personas y erradicar comportamientos que comprometan la integridad física del entorno.
Más allá de la regulación de accesos, la iniciativa propone una integración estratégica del enclave dentro del Ecomuseo de la Piedra. Esta apuesta municipal, diseñada para la puesta en valor de los activos históricos y etnográficos de la zona, serviría, según los proponentes, como marco institucional para blindar la protección del arco. La formación política ha extendido una invitación al actual equipo de gobierno local para establecer una hoja de ruta conjunta que permita compatibilizar el uso público del espacio con su salvaguarda a largo plazo.
Este episodio subraya la creciente tensión en las Islas Canarias entre la explotación turística de espacios naturales no urbanizados y la capacidad de carga de los mismos. La gestión de estos enclaves se ha convertido en un desafío recurrente para las administraciones locales, que deben equilibrar la promoción de sus atractivos paisajísticos con la aplicación de normativas de conservación que eviten daños irreversibles en formaciones geológicas de alta fragilidad.