Incautan 22 kilos de pescado en una operación contra el furtivismo en Candelaria
La Guardia Civil ha incautado 22 kilos de productos pesqueros y abierto un expediente sancionador a tres personas por furtivismo en el litoral de Candelaria, Tenerife.
La presión sobre los ecosistemas marinos de Tenerife ha vuelto a quedar patente tras una reciente intervención de la Guardia Civil en Candelaria, según ha informado el Instituto Armado. Este operativo, que se saldó con la incautación de 22 kilos de productos pesqueros, pone de relieve la persistente problemática del furtivismo en el archipiélago, una actividad que no solo compromete la biodiversidad local, sino que también distorsiona el mercado para el sector profesional que opera bajo el marco legal vigente.
El despliegue de los agentes en el litoral permitió interceptar a tres individuos que faenaban en áreas donde la extracción de recursos está terminantemente prohibida. Más allá de la carencia de las licencias preceptivas, los implicados empleaban métodos de captura no autorizados y prescindían de elementos de balizamiento, una negligencia que, además de contravenir la normativa medioambiental, entrañaba un riesgo evidente para la seguridad de los propios infractores en el medio acuático.
El balance de la actuación incluye el decomiso de 12 piezas de pescado y 11 cefalópodos, ejemplares que han sido gestionados siguiendo los protocolos administrativos pertinentes. La gravedad de la conducta ha derivado en la apertura de un expediente sancionador que contempla hasta nueve infracciones tipificadas en la Ley de Pesca de Canarias. La resolución de este proceso, que ahora recae sobre la Consejería de Pesca del Gobierno regional, podría derivar en multas de cuantía considerable, dada la acumulación de irregularidades detectadas.
Este tipo de vigilancia resulta esencial para la preservación de las zonas de protección marina, espacios diseñados para permitir la regeneración de las especies frente a la sobreexplotación. La lucha contra estas prácticas ilícitas no solo responde a una cuestión de cumplimiento normativo, sino que constituye una herramienta fundamental para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los recursos pesqueros en las islas, protegiendo así la viabilidad de una actividad económica que, cuando se ejerce de forma reglada, es vital para el tejido social y comercial de la costa tinerfeña.