Desarticulada una red de tráfico de fauna exótica en Canarias tras la Operación Serrulatus
La Guardia Civil ha desarticulado una red de tráfico de fauna en Canarias tras incautar 32 ejemplares, entre ellos especies invasoras y protegidas, que amenazaban la biodiversidad del archipiélago.
La fragilidad del ecosistema canario se enfrenta a una amenaza creciente tras la desarticulación de una red dedicada al tráfico de fauna, una operación que ha sacado a la luz la magnitud del mercado negro de especies en el archipiélago. Según ha informado la Guardia Civil, las pesquisas iniciadas este año por el Seprona de la Comandancia de Las Palmas, bautizadas como Operación Serrulatus, han revelado la existencia de un entramado organizado que facilita la tenencia y distribución irregular de animales, con especial incidencia en Tenerife y Gran Canaria.
El punto de inflexión que permitió a los investigadores desmantelar esta estructura fue el hallazgo fortuito de una culebra real californiana en el municipio de La Laguna el pasado mes de agosto. Este suceso, lejos de ser un hecho aislado, sirvió para confirmar la presencia de especies alóctonas en el medio natural, un fenómeno que compromete gravemente la biodiversidad endémica de las islas. La investigación permitió intervenir 32 ejemplares en poder de un individuo, entre los que se hallaron especímenes protegidos por el convenio CITES, animales catalogados como invasores y otros de peligrosidad constatada, como el escorpión amarillo brasileño.
Más allá de la incautación puntual, el análisis de los datos obtenidos por los agentes apunta a una red de alcance autonómico que gestiona el traslado ilícito de fauna entre las islas. Ante la gravedad de los hechos, la información ha sido trasladada al Ejecutivo regional con el objetivo de endurecer los protocolos de vigilancia y el control de los movimientos de animales.
La proliferación de este mercado ilegal no solo supone un desafío logístico para las autoridades, sino también un riesgo sanitario y ecológico de primer orden. La normativa vigente es estricta respecto a la posesión de especies invasoras o protegidas, cuya tenencia sin la debida autorización administrativa conlleva sanciones severas. Las autoridades insisten en que la adquisición de estos animales, a menudo realizada a través de canales informales, ignora el impacto devastador que la introducción de especies foráneas provoca en un entorno insular, donde la fauna autóctona carece de mecanismos de defensa frente a estos nuevos depredadores o competidores.