Anulada la licitación de 5,3 millones para la rehabilitación del Cine Chimisay en Puerto de la Cruz
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias ha anulado la licitación de 5,3 millones de euros para la rehabilitación del Cine Chimisay en Puerto de la Cruz por deficiencias técnicas en el pliego, generando un conflicto político entre el gobierno municipal y la oposición.
La gestión del proyecto de rehabilitación del Cine Chimisay en Puerto de la Cruz se encuentra en el centro de una controversia administrativa tras conocerse la anulación de su proceso de licitación. Tal y como ha trascendido a través de la denuncia pública del Grupo Municipal Socialista, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias dictó el pasado 13 de octubre la resolución 304/2026, mediante la cual se invalida el pliego de condiciones y la adjudicación del contrato mixto —que integraba redacción de proyecto y ejecución de obra—, valorado en 5.347.089 euros.
El núcleo del conflicto jurídico reside en la estimación parcial del recurso presentado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro. El órgano autonómico determinó la nulidad de pleno derecho del Decreto municipal del 2 de octubre de 2026, al considerar insuficiente la justificación técnica y económica del presupuesto base de licitación. Este dictamen supone un contratiempo en la tramitación administrativa, que el PSOE local cifra en una demora de cuatro meses, cuestionando además la transparencia del tripartito (PP-ACP-CC) al no haber comunicado la resolución judicial tras su notificación.
Desde la bancada socialista, el portavoz Marco González ha calificado de "grave" la omisión de esta información por parte del alcalde, Leopoldo Afonso, subrayando que el Ejecutivo municipal mantuvo silencio sobre el fallo incluso en intervenciones públicas posteriores a la recepción de la sentencia.
Por su parte, el Partido Popular ha desestimado las acusaciones de ocultación, enmarcando el suceso en una incidencia técnica de carácter subsanable. Los populares han enfatizado que el Tribunal validó la estrategia de contratación conjunta, desestimando la petición del Colegio de Arquitectos de separar la redacción del proyecto de la ejecución de la obra. Según fuentes del PP, el Ayuntamiento procedió a la rectificación de los puntos señalados por el órgano fiscalizador, logrando la publicación de una nueva licitación el 20 de octubre.
Esta discrepancia política pone de relieve la complejidad de los contratos mixtos en la administración local, una figura que, si bien permite agilizar la ejecución de infraestructuras, exige una precisión técnica rigurosa en la redacción de los pliegos para evitar el escrutinio de los tribunales especializados. Mientras la oposición advierte sobre las consecuencias de la falta de planificación, el equipo de gobierno sostiene que el calendario de ejecución se mantiene prácticamente inalterado, con la previsión de que las obras comiencen antes de que concluya el presente ejercicio.