
Reocupan el Chasna 8 de Arona, desalojado por peligro de derrumbe.
El Ayuntamiento de Arona ha alertado a la propiedad privada sobre la reocupación del edificio Chasna 8 en Costa del Silencio, desalojado judicialmente hace tres meses por grave riesgo de colapso estructural.
El Ayuntamiento de Arona ha comunicado su conocimiento sobre una nueva entrada de personas en el edificio Chasna 8, situado en Costa del Silencio, un inmueble que ya fue objeto de un desalojo judicial masivo por riesgo de colapso estructural. La corporación local ha trasladado esta información a la propiedad privada del inmueble tras recibir alertas de los vecinos, según ha podido saber este medio.
Esta situación de reocupación se produce apenas tres meses después de que el Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Arona ordenara el desalojo del edificio el 12 de marzo de 2024. Aquella resolución judicial se fundamentó en la debilidad estructural del inmueble, afectada por aluminosis, y el consiguiente peligro de derrumbe. La medida afectó a 44 viviendas distribuidas en los bloques 8 y 10, implicando la salida de aproximadamente 210 personas, pertenecientes a más de 90 familias.
Tras el lanzamiento inicial, el edificio permaneció bajo un dispositivo de vigilancia. Sin embargo, en junio de 2024, una vez retirado dicho operativo de seguridad, comenzaron a registrarse nuevas entradas en el inmueble, una dinámica que se ha mantenido hasta la fecha.
Antiguos residentes del Chasna 8 han señalado que el edificio no fue adecuadamente precintado ni apuntalado tras la finalización de la vigilancia, lo que, a su juicio, habría facilitado el acceso y la posterior reocupación. Eloy Outeiral, portavoz de los vecinos afectados por el desalojo de 2024, ha corroborado que la ocupación se reanudó poco después de la retirada del dispositivo. Outeiral ha expresado su inquietud sobre la gestión posterior del inmueble, cuestionando la coherencia de no asegurar permanentemente una zona declarada en riesgo de colapso. El portavoz ha manifestado que, si el fundamento del desalojo era el riesgo de derrumbe, este "sigue aún vigente", aludiendo a la continuidad de la habitabilidad del edificio tras la intervención judicial.