Denuncian una situación sanitaria crítica en la prisión Tenerife II por falta de personal médico
El sindicato CCOO denuncia una situación crítica en la asistencia sanitaria del centro penitenciario Tenerife II debido a la escasez de personal médico, que ha quedado reducido a solo dos profesionales.
La asistencia sanitaria en el centro penitenciario Tenerife II atraviesa un momento crítico, tal y como ha denunciado esta semana la sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO). La organización ha puesto el foco en una estructura médica que, a su juicio, ha alcanzado niveles de operatividad insostenibles, comprometiendo tanto el seguimiento de patologías crónicas como la capacidad de respuesta ante situaciones de urgencia dentro del recinto.
El núcleo del conflicto reside en la reciente desvinculación de una facultativa que se encontraba en fase de formación tras haber superado las pruebas de acceso correspondientes. Esta baja ha dejado la plantilla reducida a únicamente dos profesionales: la subdirectora médica y un facultativo interino. Desde el sindicato se cuestiona la motivación de esta salida, al no apreciar causas objetivas que justifiquen la interrupción de su periodo de prácticas, y apuntan a posibles desavenencias en la gestión interna de la dirección como el origen real de la medida.
Esta situación no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una tendencia de inestabilidad administrativa que ha marcado la gestión de la prisión tinerfeña en el último semestre. La representación de los trabajadores ha instado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a intervenir de forma urgente, argumentando que la actual escasez de recursos humanos no solo genera una carga de trabajo desproporcionada para el personal restante, sino que vulnera el derecho a la salud de la población reclusa.
Cabe recordar que la sanidad penitenciaria en España arrastra desde hace años un déficit estructural de personal facultativo, una problemática que se ve agravada en centros insulares debido a las dificultades para cubrir plazas de difícil cobertura. La Ley General Penitenciaria establece que la administración debe garantizar una atención médica equivalente a la del sistema público de salud, un mandato que, según advierten los representantes sindicales, se vuelve de cumplimiento complejo cuando la plantilla se reduce a mínimos que apenas permiten cubrir las necesidades asistenciales básicas. La resolución de este conflicto dependerá ahora de la capacidad de la Secretaría General para mediar en la gestión de los recursos humanos del centro y restaurar la normalidad en un servicio esencial para la seguridad y el bienestar dentro de la institución.