Candelaria aprueba un protocolo para fiscalizar y regularizar las viviendas vacacionales
El Ayuntamiento de Candelaria ha aprobado un protocolo de fiscalización para regularizar las viviendas vacacionales del municipio y erradicar la oferta ilegal mediante la creación de un censo exhaustivo y una comisión de seguimiento multidisciplinar.
La reciente aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento de Candelaria de un protocolo de fiscalización para las viviendas vacacionales, tal y como ha trascendido tras la sesión municipal del pasado 28 de mayo, marca un punto de inflexión en la gestión del parque alojativo en el municipio. Esta medida, que responde a la obligatoriedad impuesta por la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, busca depurar el censo actual y erradicar la oferta que opera al margen de la legalidad urbanística.
El núcleo de esta estrategia reside en la creación de un censo municipal exhaustivo, alimentado por el cruce de datos entre el registro autonómico de la Consejería de Turismo y los expedientes locales de urbanismo, actividades y disciplina. Este sistema permitirá auditar, de manera individualizada, cada una de las aproximadamente 650 viviendas que cuentan actualmente con declaración responsable. El concejal de Vivienda, Reinaldo Triviño, ha señalado que este mecanismo dota al Consistorio de una capacidad de control técnico inexistente hasta la fecha, estableciendo un periodo transitorio de cinco años para que los propietarios regularicen su situación, siempre que el inmueble cumpla con los requisitos de habitabilidad y uso del suelo.
La complejidad del proceso administrativo se gestionará a través de una comisión de seguimiento multidisciplinar, que se reunirá con carácter semanal para evaluar cada caso. Este órgano, compuesto por perfiles políticos, jurídicos, técnicos y agentes de la Policía Local, aplicará criterios rigurosos para determinar la viabilidad de cada licencia. En este sentido, el plan introduce una precisión relevante: la prescripción de una infracción urbanística no otorga legitimidad al uso turístico. Por tanto, aquellas edificaciones que carezcan de licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad, independientemente de su antigüedad, recibirán un informe desfavorable.
El procedimiento contempla distintos escenarios de exclusión. Aquellas viviendas que no figuren en los registros oficiales serán catalogadas como clandestinas, mientras que las que presenten deficiencias en sus títulos habilitantes deberán someterse a un trámite de audiencia para intentar subsanar las irregularidades. En los casos donde existan denuncias previas o expedientes sancionadores abiertos, se exigirá una adecuación normativa inmediata como condición previa para cualquier validación.
Este despliegue administrativo no solo responde a un mandato legal que obliga a los ayuntamientos a implementar estos controles en un plazo de ocho meses, sino que también busca dotar de seguridad jurídica al sector. Una vez finalizado el proceso de evaluación, que tendrá una vigencia de cuatro años, el Ayuntamiento de Candelaria deberá rendir cuentas ante el Cabildo de Tenerife y la administración autonómica, remitiendo una memoria detallada con los resultados obtenidos. Con esta hoja de ruta, el municipio se alinea con la tendencia creciente en el archipiélago de priorizar la ordenación del territorio frente a la proliferación descontrolada de alojamientos turísticos.