La Audiencia Nacional sienta un precedente clave para salvar la piscina municipal de Los Silos
La reciente sentencia de la Audiencia Nacional que avala la continuidad de la piscina municipal de Candelaria sienta un precedente jurídico clave que impulsa las esperanzas del Ayuntamiento de Los Silos para recuperar su propia infraestructura costera.
La reciente resolución de la Audiencia Nacional que avala la continuidad de la piscina municipal de Candelaria ha generado un efecto dominó en la política local de Tenerife, proyectando una sombra de esperanza sobre el futuro de la infraestructura costera de Los Silos. Tal y como ha trascendido en los últimos días, este fallo judicial no solo revoca la decisión administrativa de 2022 que pretendía clausurar el recinto de Candelaria por su ocupación del dominio público marítimo-terrestre, sino que establece un precedente jurídico de gran calado para otros municipios en una situación administrativa análoga.
El núcleo de la argumentación judicial reside en una ponderación de intereses que trasciende la estricta normativa medioambiental. Los magistrados han subrayado que las piscinas de titularidad pública en primera línea de costa poseen una dimensión social y sanitaria que justifica su permanencia, incluso ante la ocupación de terrenos protegidos. Este razonamiento, que vincula la infraestructura con el bienestar comunitario, ha sido incorporado de inmediato por el Ayuntamiento de Los Silos a su propio expediente judicial, actualmente en trámite ante el mismo tribunal tras el recurso interpuesto por el Consistorio en junio de 2024.
Para la alcaldesa de Los Silos, Carmen Luz Baso, este giro de los acontecimientos supone un espaldarazo a la estrategia jurídica emprendida por el actual equipo de gobierno (PSOE-USP). A pesar de la cautela que impone la disparidad de criterios que pudiera surgir entre distintos magistrados, el Ejecutivo local confía en que la mención explícita a la piscina silense en la sentencia de Candelaria actúe como un aval determinante. La hoja de ruta del municipio, que contempla una resolución judicial previsiblemente para 2027, contrasta con la parálisis que ha sufrido la instalación desde su cierre en 2019, derivado de una deficiencia administrativa en la renovación de la concesión.
La situación de la piscina de Los Silos ha estado marcada por una notable inestabilidad política y administrativa. Tras el cese de su actividad, la infraestructura ha sido objeto de movilizaciones vecinales y ha sorteado el riesgo de demolición, enfrentándose además a un escenario de bloqueo institucional. El último obstáculo significativo ocurrió el pasado mes de marzo, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica emitió un informe desfavorable que derivó en la denegación de una nueva concesión por parte de la Dirección General de Costas y el Mar del Gobierno de Canarias.
Este nuevo escenario judicial abre una brecha en la rigidez de la Ley de Costas, planteando un debate sobre la prevalencia de los servicios públicos de proximidad frente a la protección estricta del litoral. Mientras el Ayuntamiento de Los Silos aguarda el dictamen definitivo, la sentencia de Candelaria se consolida como el primer hito favorable en un largo proceso de litigios que busca rescatar una dotación esencial para la salud y la cohesión social del municipio.