Clausuran un local en Candelaria por irregularidades administrativas y molestias vecinales
El Ayuntamiento de Candelaria ha clausurado un establecimiento hostelero en Las Caletillas tras acumular irregularidades administrativas, problemas de convivencia, ocupación indebida de la vía pública y una presunta vulneración de la normativa de protección de datos.
La clausura de un establecimiento hostelero en la calle Las Arenitas, en la zona de Las Caletillas, marca un punto de inflexión en la gestión de la convivencia ciudadana en Candelaria. Tal y como ha trascendido a través de los informes municipales, la intervención policial ejecutada el pasado 10 de julio responde a una escalada de irregularidades administrativas y desoídas advertencias que han culminado en el precinto total de la actividad.
El conflicto, que se ha prolongado durante semanas, tiene su origen en las quejas recurrentes de los residentes por la contaminación acústica y la ocupación indebida del espacio público. Según la documentación municipal, el local operaba como un establecimiento de ocio nocturno sin contar con la licencia preceptiva para dicha actividad, careciendo además de los estudios de insonorización obligatorios. A pesar de que el Ayuntamiento habilitó un periodo de audiencia para que la propiedad regularizara su situación, las propuestas presentadas fueron rechazadas por no ajustarse a la normativa vigente.
La situación se agravó ante la negativa de la titular a retirar el mobiliario de terraza que obstruía la vía pública, una medida que ya había sido requerida previamente por los agentes locales. Este desacato ha derivado en la remisión de diligencias a la autoridad judicial por un presunto delito de desobediencia. La resolución definitiva, dictada el 7 de julio, no solo ha supuesto el cese de la actividad y el decomiso de las mesas y sillas, sino que también ha puesto el foco en una posible vulneración de la privacidad.
Durante el operativo de cierre, las autoridades detectaron un sistema de videovigilancia que, presuntamente, captaba imágenes de la vía pública, contraviniendo los criterios de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). La normativa es estricta al respecto: el uso de cámaras en locales comerciales debe restringirse al ámbito privado del negocio, permitiendo únicamente una captación mínima de los accesos cuando sea estrictamente necesario para la seguridad. El Ayuntamiento ha confirmado que trasladará este hallazgo al organismo regulador para que determine si existe una infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Este caso ilustra la tensión habitual entre la actividad económica y el derecho al descanso, un equilibrio que las administraciones locales están obligadas a tutelar mediante la vigilancia del cumplimiento de las licencias de apertura y las ordenanzas de ocupación de suelo. Por el momento, el Consistorio no ha fijado un horizonte temporal para la posible reapertura del local, supeditando cualquier actividad futura a la subsanación integral de las deficiencias detectadas y al restablecimiento de la legalidad urbanística y administrativa.