El Comisionado de Transparencia exige al Ayuntamiento de Santa Cruz aclarar la gestión de aparcamientos públicos
El Comisionado de Transparencia de Canarias ha requerido al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que entregue en un plazo de quince días la documentación sobre la gestión de los aparcamientos del Palacio de Justicia tras ignorar las peticiones de información de Intersindical Canaria.
La opacidad administrativa en la gestión de los espacios públicos en Santa Cruz de Tenerife ha quedado en evidencia tras la intervención del Comisionado de Transparencia de Canarias. Tal y como recoge la información publicada recientemente, este organismo autonómico ha emitido un requerimiento formal contra el Ayuntamiento capitalino y la Consejería de Presidencia y Justicia, tras constatar una falta de respuesta ante las peticiones de acceso a la información presentadas por Intersindical Canaria (IC).
El conflicto tiene su origen en una solicitud registrada el pasado 9 de abril por el delegado sindical José David Ortuño, quien requería datos precisos sobre la regulación, el control y las posibles alteraciones en la concesión de las plazas de aparcamiento situadas en el exterior del Palacio de Justicia, en la avenida Tres de Mayo. La inquietud del sindicato radica en la naturaleza de estos estacionamientos, al ocupar suelo público cuya competencia de gestión recae sobre el Consistorio. En concreto, la organización laboral buscaba esclarecer qué entidad instó la administración de dichas plazas y si existió una comunicación formal o informe técnico entre el Ayuntamiento y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia que avalara la legalidad de la ocupación.
La resolución del Comisionado es contundente al señalar la inacción de la administración local, que no ha aportado el expediente solicitado ni ha presentado alegaciones que justifiquen el silencio administrativo. Ante esta situación, el organismo ha otorgado un plazo improrrogable de quince días para que el Ayuntamiento entregue la documentación requerida.
Este episodio pone de relieve las tensiones existentes en torno a la transparencia institucional en Canarias. El Comisionado ha recordado a los responsables municipales que la Ley de Transparencia no es una opción, sino un mandato imperativo. La advertencia es clara: la persistencia en ignorar las solicitudes de información pública y el desdén hacia los requerimientos del órgano supervisor pueden derivar en la apertura de expedientes sancionadores por infracciones graves o muy graves. Este caso subraya la importancia del control ciudadano sobre el uso del dominio público, un ámbito donde la claridad en la toma de decisiones es fundamental para garantizar la rendición de cuentas ante la sociedad.