Canarias regula el caravanismo y da competencias a ayuntamientos.
Canarias pondrá fin al vacío normativo del turismo de caravanas y autocaravanas con un nuevo reglamento que delegará en los ayuntamientos la gestión de sus zonas específicas, buscando mayor seguridad jurídica.
El Gobierno de Canarias se prepara para poner fin al vacío normativo que ha afectado a los ayuntamientos en la gestión del turismo de caravanas y autocaravanas, con la próxima entrada en vigor de un nuevo reglamento de establecimientos turísticos de alojamiento al aire libre. Según ha adelantado el Ejecutivo regional, esta medida busca ofrecer un marco de mayor seguridad jurídica tanto a las administraciones locales como a los usuarios y promotores de esta modalidad de viaje.
La nueva normativa, cuya aplicación se prevé para los meses de abril o mayo, delegará en los ayuntamientos la responsabilidad de definir la ubicación, el número y las dimensiones de las zonas específicas para autocaravanas y caravanas. La regulación autonómica se limitará a establecer los equipamientos mínimos obligatorios, como puntos de agua, instalaciones sanitarias y gestión de residuos, sin especificar la localización de estas infraestructuras.
Esta iniciativa responde a una demanda persistente de la patronal turística, Ashotel, que desde 2019 ha solicitado la regulación del turismo rodante en las Islas. La última de estas peticiones se produjo en febrero, cuando la asociación instó a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) a desarrollar un marco normativo común. Ashotel ha señalado que el incremento de autocaravanas y caravanas ha generado desafíos significativos en la circulación, el estacionamiento, la accesibilidad para residentes y la convivencia ciudadana en el archipiélago.
La aprobación de este reglamento por parte del Ejecutivo autonómico atiende así una doble reivindicación: la del sector empresarial turístico y la de los colectivos de usuarios de esta modalidad de viaje, ambos coincidentes en la necesidad de una legislación homogénea. El desafío ahora reside en la capacidad de los consistorios canarios para asumir y gestionar eficazmente las competencias y responsabilidades que esta nueva regulación les confiere en la ordenación del caravanismo y autocaravanismo.