Persisten los alojamientos turísticos ilegales en Canarias pese a los controles en plataformas digitales

La proliferación de alojamientos turísticos que operan al margen de la legalidad vigente en Canarias sigue planteando un desafío significativo para las autoridades autonómicas. Tal y como ha trascendido recientemente, plataformas de intermediación como Booking continúan albergando ofertas de dudosa encaje normativo, como vehículos equipados con tiendas de campaña en el techo o estructuras nómadas tradicionales, a pesar de los protocolos de supervisión establecidos.

El fenómeno, que se manifiesta en enclaves como Radazul —donde se publicita un turismo con tienda de techo por unos 70 euros diarios— o Arico, con la oferta de una yurta por 48 euros la noche, pone de relieve las limitaciones de los mecanismos de control actuales. Aunque el Gobierno de Canarias formalizó el pasado año convenios de colaboración con los principales portales del sector para la detección y retirada de anuncios sin el preceptivo número de registro, la persistencia de estas propuestas sugiere que el filtro automatizado no es infalible. Según datos oficiales, esta estrategia de cooperación ha permitido la eliminación de más de 10.000 anuncios en todo el territorio nacional, una cifra que, no obstante, no ha logrado erradicar la comercialización de activos que, bajo una óptica jurídica estricta, no pueden ser categorizados como viviendas vacacionales.

El conflicto reside en la propia naturaleza de estos espacios. La normativa autonómica es taxativa al exigir requisitos de habitabilidad, seguridad y adecuación urbanística para cualquier inmueble destinado al alquiler vacacional. Un automóvil, por su propia configuración técnica, carece de la consideración de vivienda, al igual que las estructuras desmontables tipo yurta, que, si bien pueden integrarse en modelos de negocio como el glamping o campamentos autorizados, no cumplen con los estándares exigidos para el uso residencial turístico convencional.

La oferta en Radazul, que incluye equipamiento básico como nevera portátil y hornillo, o la yurta en Arico, que carece de conexión a internet y depende de la movilidad del usuario para su acceso, ilustran la brecha entre la experiencia de ocio que buscan los turistas y el marco regulatorio que protege la transparencia del mercado. Mientras las autoridades insisten en la eficacia de los canales de comunicación directa con las plataformas para desactivar ofertas manifiestamente irregulares, la realidad del mercado digital demuestra que la supervisión de estos alojamientos sigue siendo una asignatura pendiente. La seguridad jurídica y la calidad del destino turístico dependen, en última instancia, de que la oferta se ajuste a los estándares de habitabilidad que la ley impone, evitando que la flexibilidad de las plataformas digitales derive en una desregulación de facto del sector.