Las multas por exceso de velocidad aumentan un 10% en Canarias mientras la DGT endurece la vigilancia contra los inhibidores de radar
Las infracciones por exceso de velocidad en Canarias aumentaron un 10,1% en 2024, llevando a la DGT a recordar las severas sanciones administrativas y penales por incumplir los límites o utilizar dispositivos ilegales de detección e inhibición.
La seguridad vial en el archipiélago canario atraviesa un momento crítico, marcado por un repunte significativo en la detección de infracciones por exceso de velocidad. Según los datos difundidos recientemente por la Dirección General de Tráfico (DGT), durante el pasado ejercicio 2024 se registraron 113.942 expedientes sancionadores en las islas, lo que supone un incremento del 10,1% en comparación con el periodo anterior. Esta tendencia pone de relieve la persistencia de la velocidad inadecuada como el principal factor de riesgo en las carreteras regionales.
El marco normativo español, articulado a través de la Ley de Tráfico, establece una distinción técnica y jurídica fundamental entre los dispositivos que asisten al conductor y aquellos que interfieren con la labor inspectora de las autoridades. Mientras que los avisadores —integrados en plataformas de navegación como Google Maps o Waze— son herramientas legales que informan sobre la ubicación de radares fijos basándose en datos públicos, la situación cambia drásticamente con los equipos de detección e inhibición.
El artículo 13.6 de la citada ley es taxativo al respecto: la mera tenencia de mecanismos destinados a eludir o interferir en los sistemas de vigilancia conlleva consecuencias severas. El uso de inhibidores, dispositivos diseñados para anular la medición de los cinemómetros, está castigado con una sanción económica de hasta 6.000 euros y la detracción de 6 puntos del permiso de conducir. Es relevante señalar que la responsabilidad no recae únicamente sobre el automovilista, sino que se extiende al profesional que realice la instalación del equipo. Por su parte, los detectores de radar, que se limitan a alertar de la presencia de controles, acarrean una penalización de 500 euros y la pérdida de 3 puntos.
Más allá de la tecnología empleada, el régimen sancionador general por exceso de velocidad contempla multas que oscilan entre los 100 y los 600 euros, acompañadas de la retirada de entre 2 y 6 puntos del carné. La DGT recuerda, además, que el incumplimiento de los límites puede trascender la vía administrativa para convertirse en un ilícito penal. Esto ocurre cuando la velocidad supera el límite establecido en 60 km/h en entornos urbanos o en 80 km/h en vías interurbanas. En el caso de autovías y autopistas con límites inferiores a 100 km/h, el umbral para la aplicación de consecuencias penales se activa al rebasar dicha cifra.
Ante este escenario, la Guardia Civil, en coordinación con la DGT, mantiene activas campañas de vigilancia intensiva. El mensaje de las autoridades para los conductores tinerfeños y del resto del archipiélago es claro: la única estrategia eficaz para evitar sanciones y garantizar la seguridad en la calzada es el estricto cumplimiento de los límites de velocidad vigentes, instando a los usuarios a moderar la marcha en todo momento.